“Sigue corriendo la sangre indígena, violencia, racismo, olvido, indiferencia, contra nosotros porque los ‘indios no valemos nada’”.
Esas palabras dramáticas y amargas están en una declaración de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), de agosto de 2014, al denunciar el asesinato de cuatro líderes indígenas de la etnia asháninka de Perú. “Los asesinos se enriquecen a costa de los pueblos indígenas —denunció la organización de pueblos originarios peruanos—, ayer los caucheros, hoy los madereros, mineros, petroleros y mañana cualquiera con ‘poder’”.
Eso mismo pueden decir los indígenas del Caribe nicaragüense, que están siendo agredidos y despojados de sus tierras ancestrales que formalmente son protegidas por la Constitución y las leyes de la materia, en particular la Ley 445 o Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
Los mismos miembros de las comunidades indígenas del Caribe, y sus representantes, han venido denunciando en los últimos años que sufren el asedio incluso mediante ataques armados, secuestros y asesinatos, de parte de “colonos mestizos” que se apoderan de sus tierras.
Precisamente ayer informamos que el organismo no gubernamental Ibis Dinamarca en Nicaragua, señala, como ejemplo, que cuando se titularon las propiedades en el territorio Mayangna Sauni As, en 2005, no había allí ningún colono. Sin embargo actualmente hay 197 familias de invasores ocupantes de tierras que no les pertenecen.
Ese dato es solo una muestra de lo que está ocurriendo prácticamente en todos los territorios indígenas del Caribe nicaragüense. Y lo peor es la indiferencia de las autoridades gubernamentales, que tienen la obligación —pero no la cumplen— de proteger la vida y la integridad física de las personas, incluyendo la de los indígenas que también son nicaragüenses, así como de sanear sus territorios lo que significa expulsar a los colonos de las tierras que han ocupado de manera ilegal.
La violencia contra los indígenas, que ha obligado a algunos de ellos a armarse para auto defenderse, ha sido denunciada incluso en las instancias internacionales de derechos humanos. Pero las autoridades de Nicaragua cierran los ojos ante el problema, lo cual parece indicar que la invasión de las propiedades indígenas no es solo un avance de la frontera agrícola, por parte de gente que no tiene tierras en otra parte del país y se ve obligada a ocupar territorios de los aborígenes, incluso en reservas naturales que están siendo devastadas.
Los defensores de los indígenas señalan que el trasfondo de este problema es el saqueo de la riqueza forestal, el tráfico de tierras, las expectativas de yacimientos minerales e inclusive actividades de narcotráfico. Detrás de lo cual se sospecha que haya personas pertenecientes o cercanas a las altas esferas del poder.
En realidad, eso es lo único que podría explicar la indiferencia gubernamental ante el drama que sufren los indígenas del Caribe, quienes valen tanto como cualquier otro nicaragüense y sus derechos humanos y propiedades ancestrales tienen que ser respetados.
