El ciudadano estadounidense de origen venezolano, Carlos Ponce, director para programas de América Latina de Freedom House, fue detenido el martes de esta semana en el aeropuerto de Managua y expulsado de Nicaragua al siguiente día.
Freedom House es una organización cívica de Estados Unidos que promueve los derechos humanos y acaba de elaborar un informe en el cual se califica a Nicaragua como un país “parcialmente libre”. Ponce venía a reunirse con líderes cívicos y políticos democráticos del país, así como con miembros de la Embajada de Estados Unidos en Managua, para explicar el contenido de ese estudio, y tenía el propósito de analizar con actores nicaragüenses la situación de los derechos humanos, libertad y democracia de Nicaragua en la actual coyuntura preelectoral.
Según informó el propio Ponce a la revista Confidencial, los funcionarios de Migración le dijeron que no podía entrar a Nicaragua por una “decisión administrativa”, ya que en el año 2011 él había entrado con pasaporte venezolano y ahora pretendía hacerlo con pasaporte de Estados Unidos. Ponce explicó a los funcionarios de Migración que él adquirió la nacionalidad estadounidense poco después de su anterior viaje a Nicaragua y pidió ejercer su derecho de comunicarse con su Embajada, que es la de EE.UU., pero los arbitrarios guardias migratorios no se lo permitieron.
En realidad, no fue por una cuestión administrativa que a Carlos Ponce se le impidió entrar al país. Fue una represalia por el informe de Freedom House sobre las violaciones del Gobierno de Nicaragua a los derechos humanos y las libertades de los nicaragüenses. El régimen orteguista no da una explicación oficial y pública del caso, pero extraoficialmente se ha comentado que Ponce fue expulsado porque venía a “hablar mal” del Gobierno, en una coyuntura electoral, para favorecer a la oposición.
La acción administrativa para rechazar la entrada de un extranjero a Nicaragua está contemplada en el capítulo IV, artículo 113 de la Ley General de Migración y Extranjería que fue dictada en 2011 por el régimen orteguista. En dicho artículo se establecen 11 causales de rechazo administrativo, más dos que fueron agregadas en el Reglamento de la Ley, pero ninguna de ellas cabía aplicarla al funcionario de derechos humanos de Freedom House.
De manera que el rechazo y deportación de Carlos Ponce —que no es el primer caso que ha ocurrido y seguramente tampoco es el último— ha sido una acción ilegal y arbitraria, propia de un país donde no se respeta la libertad individual ni existe el Estado de Derecho; donde se violan los derechos humanos universales y las mismas leyes nacionales dictadas por el régimen dictatorial imperante.
Irónicamente, la arbitrariedad del régimen orteguista contra el ciudadano y activista estadounidense de derechos humanos, Carlos Ponce, confirma lo que se dice el informe de Freedom House acerca de que Nicaragua es un país políticamente híbrido: o sea parcialmente democrático y en parte dictatorial.
Esos significa que si Nicaragua fuese una dictadura total, como Cuba, China o Corea del Norte, a Carlos Ponce posiblemente lo hubieran matado o por lo menos metido a la cárcel y condenado a una larga pena de prisión.
