“La Constitución Política de la República antepone ante cualquier derecho, el derecho a la vida y después de haber escuchado a los expertos consideramos que el caso de la exalcaldesa Sonia Olivas era de vida o muerte”, refirió el magistrado de Apelaciones del Tribunal de Estelí, Roberto Petray, respondiendo a declaraciones del abogado Nelson Cortez sobre presunta improcedencia en la decisión de cambiarle la medida carcelaria a la procesada.
Añadió que los 1,200 reos del Sistema Penitenciario regional de Estelí están enfermos de estrés y si fuese esa la causa que motiva el cambio de medida carcelaria para la exalcaldesa, “todos estuvieran libres”.
“La defensa incorporó al médico forense y a la psicóloga forense y el acusador particular tuvo la oportunidad de preguntar y debatir con ellos”, aclaró el magistrado, tras enfatizar que la Ley en el artículo 411 del Código Procesal Penal, manda a revisar cualquier cambio carcelario a la instancia que tenga el expediente.
“En ningún momento hemos actuado de manera improcedente”, dijo Petray.
Reiteró que este “es un caso de emergencia, no es político, no conozco a esta señora, hemos sacado otros dos (reos) después de ella y no andamos preguntándole si es liberal o sandinista, anteponemos ante todo el derecho a la vida”.
El Ministerio Público no se opuso al cambio de medida (prisión preventiva a arresto domiciliar), pero exigió cumplimiento de garantías económicas y restricción migratoria para la procesada. “Es una mujer que tiene 66 años, deteriorada, no es por estrés, el abogado estuvo en el juicio donde los médicos explicaron la gravedad del asunto y preocupa que ahora salga hablando cosas que no son faltando a su ética profesional”, insistió Petray.
El Tribunal de Apelaciones de Estelí se pronunciará hasta el 11 de febrero respecto al recurso de revisión de la pena establecida para la exalcaldesa, declarada culpable en juicio con un jurado de conciencia el pasado 10 de diciembre, por complicidad en el delito de estafa agravada, por el monto de 4. 6 millones de córdobas en perjuicio de la empresaria Yessenia Zavala, propietaria de la Ferretería Construcciones Pocho, en la ciudad de Ocotal.
Según Rolando Bertrán, defensor público en Nueva Segovia, la exalcaldesa Olivas “tenía padecimientos de estrés, tendencia al suicidio y físicamente estaba en un posoperatorio, por lo que no era adecuado que estuviera en la cárcel”.
REOS SEGUIRÁN MURIENDO
El magistrado Roberto Petray también se refirió al reciente caso de dos reos fallecidos en Estelí, indicando que esto sucede “por temor de los defensores y de los encargados de la instancia a aplicar la ley y cumplir con los requisitos correspondientes para pedir el cambio de medida carcelaria”.
No obstante, la defensa de estos dos reos dijo que murieron por la tarda decisión de las autoridades de no cambiar la medida de prisión. Dijo Petray que en los dos casos hubo miedo de la defensa y de la institución que los tenía: “Los miraron enfermos y no hicieron nada, pero van a seguir muriendo un montón si no se procede en la manera que la ley lo establece”.
