Los familiares y abogados de una decena de exmilitares requeridos por la justicia española para que respondan por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas afirmaron este lunes que los oficiales no se entregarán a los tribunales para fines de extradición.
“No se van a entregar, mejor hacemos la exhortación a la Corte Suprema de Justicia que haga y cumpla lo que la Constitución les manda”, dijo en conferencia de prensa el abogado Lisandro Quintanilla.
El 5 de enero, el juez español Eloy Velasco reiteró a El Salvador y a la Interpol que seguía pendiente el arresto de 17 militares retirados a quienes se acusa del asesinato de los jesuitas, perpetrado en noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
En virtud de la orden del juez español, la Policía salvadoreña detuvo el viernes pasado a cuatro de los 17 militares y sigue buscando a los otros. Otro fue detenido en EE. UU., donde residía. Los detenidos son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
ÁNIMOS “CALDEADOS”
Los familiares de los que se encuentran escondidos advirtieron que los ánimos de los militares están caldeados.
“Los militares son una gran familia, ellos se defienden y se protegen, entonces no podemos decirles qué van hacer o qué no hacer, hay elementos, hay muchos que ya se pusieron a la orden para cualquier actividad, lo han hecho (pero) nosotros hemos tenido que calmar las aguas como familiares de (los militares) que están siendo ahorita buscados y capturados”, dijo el hijo del general retirado Juan Orlando Zepeda.
Ernesto Muyshondt, diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), consideró que las detenciones no “fomentan la reconciliación del país” porque abren “las heridas del pasado” y “contribuyen a la represión y hostilidad”.
