La población en general y en especial los defensores de derechos humanos en el país, carecen de una ley específica que les permita defender sus derechos violentados en relación a la privacidad digital, lo que les coloca en indefensión.
Aunque una investigación de Fundación Acceso realizada en cuatro países de la región, entre ellos Nicaragua, determinó la vulnerabilidad existente en relación a la seguridad digital particularmente para los defensores de derechos humanos , la misma deja al descubierto el riesgo y la inseguridad que constantemente está expuesta toda la sociedad, pues aunque existen leyes que protegen la privacidad, también consideran hay “portillos” legales para violentar esos derechos en la era digital.
La investigación titulada “¿Privacidad digital para defensoras y defensores de derechos humanos?, un estudio sobre cómo los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser utilizados para la protección, criminalización y/o vigilancia digital de defensoras y defensores de derechos humanos”.
El estudio analiza el derecho a la privacidad digital, en internet y en las telecomunicaciones o sea información almacenada en los dispositivos electrónicos, que puede ser compartida a través de internet por correos electrónicos, llamadas online, mensajería instantánea, redes sociales y, archivos compartidos.
“Desgraciadamente, ese es parte de la vulneración de derecho que se comete en la región y particularmente en países donde regímenes autoritarios y con sesgos dictatoriales cometen contra sus ciudadanos”, refiere la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez.
CREACIÓN DE PORTALES
Y pone de ejemplo, Jiménez que en el país se han creado portales en redes sociales “con el ánimo de manipular información digital, estar tergiversando los contenidos y esos son delitos no solo de cara a la legislación sino de cara a los convenios internacionales”.
En Nicaragua “hay un actitud totalmente tolerante y más bien de promoción del Gobierno a que se cometan estos crímenes de manera impune”, apunta Jiménez.
“Desde el momento que ponen fotografías en esos portales que son públicos, que no hay control sobre eso, el que esté tu fotografía apareciendo diariamente es una forma de linchamiento digital y también de ubicarte ante personas que puedan causarte daño y te expone no solo en tu integridad, sicológica y moral, sino física”, sostiene la defensora de los derechos de las mujeres.
El estudio aclara, que la seguridad no se trata únicamente de información sino que incluye lo “que escribimos, diseñamos, fotografiamos, filmamos, buscamos, miramos, hablamos, es decir, al contenido de nuestras comunicaciones, sino también a todos los datos que se filtran en estas acciones concretas, conocidos como metadatos”.
Y explica por ejemplo, que metadatos son: números de teléfono o direcciones de correo electrónico con los que se estableció comunicación, lugar y hora en que la misma fue realizada, entre otros.
En Centroamérica no existe un solo cuerpo legislativo que contenga toda la normativa que autorice la actividad de vigilancia por parte del Estado, sino que se encuentran dispersas en la Constitución, decisiones judiciales y leyes, asimismo, están dispersas las garantías legales que protegen a las personas frente a la interferencia del derecho a la privacidad, destaca el estudio.
NO HAY SEGURIDAD
A esto, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, le añade que el escenario descrito por el estudio se agrava aún en Nicaragua con la nueva Ley de Seguridad Soberana la que se refiere a los ataques electrónicos, digitales.
“Todos los estados tienen la obligación de protegernos. Pero en esos términos de protegernos, aquí está pasando todo al revés, el Estado está organizado para darse atribuciones y fortalecer el poder”, apunta Carrión, quien considera: “aquí no hay seguridad, porque el gobierno está pesquisando, para quienes ejercen presión que pueda estar representando una fiscalización frente a los abusos”.
Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, dice que en este caso los defensores de derechos humanos en el país, están “en indefensión”.
Y pone de ejemplo, que para la primera movilización efectuada contra el proyecto del Gran Canal en 2014, varios activistas de derechos humanos sufrieron una extraña experiencia con sus teléfonos celulares, durante 24 horas quedaron sin servicio. “Nos decían que ese teléfono no estaba registrado”, explicó Molina quien agrega: “Los defensores somos bastantes vulnerables porque este gobierno tiene el control absoluto de los medios de comunicación, internet, medios telefónicos”.
Fundación Acceso refiere que según el informe de Front Line Defenders los países donde mayor riesgo enfrentan los defensores en el continente están Guatemala y Honduras, sobre todo los medioambientales y por el derecho a la tierra, las mujeres , y quienes trabajan por la defensa de la población de la diversidad sexual.
No obstante, señala, “por nuestra experiencia de trabajo en la región, sabemos que la situación se extiende a Nicaragua, donde son particularmente perseguidas las defensoras que luchan por la equidad de género, así como las y los defensores que se oponen a la construcción del Canal Interoceánico, y a proyectos mineros u otros que afectan territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes”, dice Fundación Acceso.
PRIVACIDAD DIGITAL, UN DESAFÍO
El estudio menciona el comentario de Mireya Zepeda Rivera, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), quien señala que en Nicaragua la adecuación de la normativa en materia de privacidad digital es un verdadero desafío, pues a pesar de contar con legislación, hay una evidente falta de voluntad política, centralización del poder y la criminalización de la defensa de los derechos humanos.
Tampoco existen instituciones que den cumplimiento a los procedimientos para garantizar estos derechos, apunta Zepeda.
El estudio resalta que por ejemplo, en Nicaragua, a diferencia de otros países de la región, no cuenta con una ley especifica de escucha o de interceptación de comunicaciones. Sin embargo, dice, ampliando los supuestos establecidos en la Constitución Política, bajo los cuales se podría interceptar una comunicación, la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, establece que se interceptarán las comunicaciones a solicitud expresa y fundada del Fiscal General de la República o de la Directora General de la Policía Nacional.