La incertidumbre causada por desconocimiento sobre el momento de la llegada y copiosidad de las lluvias del esperado próximo período lluvioso provoca amplia angustia nacional, ya que las actividades agrícolas y pecuarias sobre las que se basa nuestra economía dependen de cuánta agua se precipite, su distribución espacial y temporal, así como la frecuencia que muestren dichas precipitaciones a lo largo del año. A pesar que Nicaragua cuenta con toda el agua de óptima calidad que pudiera necesitar para irrigar los mejores suelos agrícolas y abastecer con agua potable a toda su población con las excelentes aguas del Gran Lago Cocibolca, nuestro país continúa dependiendo de regímenes de lluvias cada vez más impredecibles e irregulares, lo que equivale a apostar nuestra seguridad alimentaria y sostenibilidad económica nacional en un juego de azar basado en factores incontrolables influenciados por la variabilidad y el cambio climático global, cuyo comportamiento apenas empieza a ser comprendido por la ciencia.
El fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS), influencia severamente a la delgada franja de tierra que es Centroamérica, situada en medio de dos océanos enormes cuyo recalentamiento indeseable se origina también en la dinámica mundial de procesos relacionados con gases de origen industrial, más otros complejos procesos regionales. Los efectos directos son reducción e irregularidad acentuada de las lluvias. Los esfuerzos acordados recientemente en París (COP21) para alcanzar la mitigación global, aún si fueran desarrollados responsablemente por los países signatarios como el mundo espera, empezarían a producir resultados a muy largo plazo, debiéndose destacar que la capacidad e incidencia de nuestro país en la reducción de emisiones de dichos gases resulta proporcionalmente insignificante. Es un panorama desalentador, cuyas causas y efectos yacen fuera de nuestro control.
Felizmente, SÍ tenemos en Nicaragua la capacidad de implementar medidas de adaptación ante el Cambio Climático a nivel local, corrigiendo responsablemente los efectos causados por la ausencia de administración territorial a nivel nacional. Es bien conocido que los tensores ambientales que ya son lugar común tales como deforestación, cambios en el uso de suelos, impermeabilización en áreas de recarga hídrica, sobre explotación de acuíferos, contaminación de cuerpos de agua por desechos sólidos y líquidos, abuso de tóxicos agroquímicos entre otros, son causantes de erosión (hídrica y eólica), disminución de aguas subterráneas, pérdida de calidad del agua, disminución de caudales hídricos y hasta desaparición de fuentes de agua. La necesidad de desarrollar capacidades para administrar el comportamiento del agua una vez que llega a la superficie del territorio, es el objeto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), definida por el Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) como “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas” (www.GWP.org).
La Ley 620 (Ley General de Aguas Nacionales), define así la “Gestión Integral de Cuencas: Conjunto de actividades normativas, administrativas, operativas y de control que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sostenible y la óptima calidad de vida de los habitantes de cada cuenca hidrográfica por un lado, y por otro lado, poner énfasis en la conservación que promoverá el uso sustentable del suelo, agua y bosques, otros recursos asociados y el ambiente”.
El trascendente trabajo de implementar la GIRH corresponde ser planificado y desarrollado en cada una de las cuencas hídricas de Nicaragua por el Organismo de Cuenca y los Comités de Cuenca respectivos, de acuerdo con las previsiones de la Ley 620.
En la misma línea, la Asamblea Nacional aprobó en el 2009 la Ley 699, específica para la cuenca 69, dada su importancia nacional. Esta Ley crea la “Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica de los Lagos Apanás, Xolotlán y Cocibolca y del Río San Juan”, cuyo eje es la formulación del Plan de Gestión Integral de la Cuenca de los Grandes Lagos de Nicaragua, basando su lógica operativa en la GIRH.
Lo anteriormente expresado sirve de fundamento para explicar que Nicaragua cuenta con las herramientas jurídicas y previsiones técnicas necesarias para implementar los planes útiles para el aprovechamiento y protección de sus cuencas hídricas desde hace muchos años, cuyo objetivo es el de corregir los usos inadecuados de los suelos que nos convierten en territorios particularmente vulnerables a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. No se trata de “reforestar” solamente, sino de planificar e implementar conjuntamente (Estado, sociedad civil, academia, y todos los actores involucrados) planes integrales de desarrollo apropiados a nivel de cada cuenca hídrica que corrijan cada problema causado sobre la naturaleza, posibilitando fines de utilidad social, económica y ambiental de forma sostenida: Agua para todos los usos y para todos los usuarios.
El reto que continúa como tarea pendiente es concretar estas excelentes previsiones jurídicas concebidas —aún en papel— mediante la conformación y puesta en funcionamiento concreto de los Organismos y Comités de Cuenca en cada una de las cuencas hídricas nacionales, con la urgencia ameritada. La GIRH constituye en el mundo la mejor herramienta para alcanzar la gobernanza de los recursos hídricos y en el caso de Nicaragua, nuestra esperanza y mejor defensa contra los efectos de la sequía y la desertificación, dos vehículos apocalípticos del hambre y la miseria.
El autor es profesor de Biología, Ecología y Limnología.
