Los reportajes de la periodista Nohelia González sobre las nuevas políticas del régimen orteguista, restrictivas de la cooperación externa, han puesto en claro sus consecuencias negativas para los sectores sociales que más necesitan ayuda.
Los reportajes de González y la nota de seguimiento publicados esta semana en LA PRENSA, revelan que el país ha perdido 60 millones de dólares en apoyo internacional que debía ser canalizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al cambiar el régimen orteguista las reglas de la cooperación externa.
Las restricciones causaron la salida del país de la anterior representante del PNUD, Silvia Rucks (de quien en círculos oficialistas se decía que tenía relaciones muy cordiales con representantes de la sociedad civil nicaragüense) y de la estructura de ese organismo solo está quedando el “esqueleto”, según anota la periodista en sus reportajes.
En resumen, los nuevos lineamientos del régimen orteguista para la cooperación internacional establecen que debe ser canalizada únicamente de gobierno a gobierno, eliminando la intermediación del PNUD y por consecuencia los programas de apoyo a organismos de la sociedad civil que ejecutan proyectos de desarrollo humano, promoción de la participación ciudadana, construcción de cultura democrática, etc.
La restricción del régimen a la cooperación externa no es porque el país ya no la necesite. La verdadera razón es el afán totalitario de este régimen de controlar todo, hasta la vida privada de las personas y las familias nicaragüenses. Dentro del Estado, todo, fuera de él nada, es el sentido de la política orteguista, como lo fue del fascismo europeo y lo ha sido en el totalitarismo comunista de ayer y de ahora.
Pero además de controlar y manejar sin rendición de cuentas el dinero para cooperación que quieran brindar a Nicaragua los gobiernos de los países cooperantes, el régimen orteguista pretende también reducir la sociedad civil a una mínima expresión, o someterla.
Comentando para LA PRENSA las nuevas políticas gubernamentales para restringir la cooperación externa, la directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Elvira Cuadra, observó que los condicionamientos del régimen a la cooperación externa “dificultan el trabajo de las organizaciones sociales”. Y señaló que las presiones del Gobierno a la cooperación internacional han limitado el “apoyo a organizaciones que promueven el ejercicio de derechos humanos”.
El funcionamiento de la democracia requiere de una sociedad civil vigorosa y dinámica, que promueva y organice la participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero en Nicaragua no hay una verdadera democracia y eso es lo que explica que el Gobierno, en vez de promover a la sociedad civil, o por lo menos respetarla, la persigue e impide que reciba la indispensable cooperación internacional, para hacerla desaparecer. Y en todo caso, quisiera una organización de la sociedad civil oficialista que funcione como correa de transmisión del Estado.