El ministro de Información de Venezuela , Luis Marcano, dijo este 14 de febrero que el vicepresidente y los demás ministros del Gobierno del presidente Nicolás Maduro atenderán finalmente las convocatorias hechas por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.
El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, “va a acudir en los próximos días a la AN; vamos a ir todos los ministros (…); el Gobierno tiene toda la disposición de acudir a la AN y responder a todas las inquietudes que los parlamentarios tengan”, declaró el ministro en un programa dominical del canal privado Televen.
“Eso se va a dar. No tenemos absolutamente nada que ocultar y vamos a acudir (porque) respetamos al Parlamento”, aunque alertó que las comparecencias están sujetas a “condiciones de respeto” que no detalló.
Los ministros han sido acusados de desacato luego de que cancelaran unilateralmente sus comparecencias ante los diputados el pasado 21 de enero, cuando fueron llamados a explicar el decreto de emergencia económica del Ejecutivo que luego fue desaprobado por el Legislativo y posteriormente validado por el Judicial.
La inasistencia se debió a que los funcionarios temieron ser sometidos a una “interpelación pública”, para alentar un “show mediático” que ponía “en riesgo” al país, dijo entonces el vicepresidente.
Istúriz optó entonces por invitar a los diputados a conversar “de manera franca y directa” en su propio despacho, tras revelar que el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, había rehusado que la comparecencia de los funcionarios se cumpliera a puertas cerradas.
La intención opositora fue involucrar a los ministros en “un show montado para sacar provecho mediáticamente”, insistió.
El 3 de febrero las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el Ministerio de Finanzas tampoco atendieron el llamado a dar explicaciones a la AN por la suspensión de la venta de divisas para remesas familiares y para estudiantes y jubilados en el exterior.
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Marcano recordó que la AN, con 112 diputados opositores y 55 oficialistas elegidos en las parlamentarias de diciembre pasado -están aún por confirmarse cuatro escaños-, se instaló en enero “colocando como elemento central la necesidad de sacar” a Maduro de la Presidencia en un lapso de seis meses.
“No debe la AN dedicarse a entorpecer el funcionamiento del Ejecutivo”, peor en momentos en que el país atraviesa problemas complejos que no requieren que los diputados “se dediquen a torpedear el funcionamiento del Gobierno”, remarcó.
La treintena de partidos que aglutina la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó que a mediados de este año definirá la “vía constitucional, pacífica, democrática y electoral” que permitirá adelantar el fin de la era de Maduro, elegido en 2013 para el período que va hasta 2019.
Adicionalmente, han reiterado que mantendrán sus citaciones a los ministros para que, entre otros asuntos, respondan también a quejas por la difusión de audios “ilegales” a través de emisoras estatales.
También ha sido citado el director de la cárcel militar de Ramo Verde, José Viloria, denunciado por familiares del político preso Leopoldo López de ordenar hostigamientos, incluso en perjuicio de sus hijos, de 3 y 6 años de edad.
Los diputados de la oposición también han pedido información sobre gestión y desempeño a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la oficina recaudadora de impuestos (Seniat).
La Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la AN establece que es una “obligación” acudir a estos llamados y prevé multas e incluso suspensiones laborales sin goce del sueldo en caso de desacatos.