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Javier Barquero, denunciante.

Denunciante en caso de sospecha de corrupción espera respuesta

Javier Barquero sigue a la espera de que el Gobierno le haga justicia en su demanda de indemnización por una propiedad que le fue invadida por colonos en Alamikamba, Caribe Norte.

Javier Barquero, el denunciante en un caso por sospechas de corrupción en la Procuraduría General de la República (PGR), se mostró “sorprendido” de que el gobierno aún guarde silencio a las denuncias públicas que él ha mantenido.

Señala que después de la primera denuncia que le dirigió en octubre del año pasado al presidente inconstitucional Daniel Ortega, le envió otros dos escritos pidiéndole le haga justicia.

“Me llama mucho la atención, yo fui oficial de la contrainteligencia de la Seguridad del Estado, estuve todo el tiempo allí, he mantenido participación activa dentro del partido (FSLN) tengo todos mis avales políticos en regla, en orden, al presidente le ajunté toditos mis avales políticos …Yo aún continúo esperando”, sostuvo Barquero.

El denunciante dijo que insistirá en su demanda de que le sean resarcidos sus derechos sobre la propiedad de mil manzanas de tierra, que le fueron invadidas en Alamikamba, Caribe norte, por lo cual reclama al Estado una indemnización.

En ese reclamo fue que según Barquero en la PGR le habrían solicitado el pago de supuestas coimas, a través de una abogada, única que hasta ahora ha sido enjuiciada.

Barquero, dice que además de la indemnización el busca que se haga justicia. Tanto Barquero y otros tres allegados a este que sirvieron de testigos durante el proceso que investigó la Policía Nacional se ampararon en la Sala Penal Uno del Tribunal de Aperlaciones de Managua (TAM).

INVESTIGARÁN

El presidente de la comisión de Probidad en la Asamblea Nacional, el diputado liberal Armando Herrera, afirmó que promoverá una investigación del caso y de confirmar sospechas de corrupción remitirá los resultados a la Contraloría General de la República (CGR).

Herrera dijo que sostendrá una reunión con Barquero y funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

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