Corte Suprema cercenó de hecho Ley 779 en Nicaragua

Esta situación desnaturaliza el espíritu de la ley, critican mujeres organizadas. Quedan excluidos de este bolsón que conforman el 75 por ciento de los delitos de la Ley 779, el feminicidio, la violación y el abuso sexual.

24/02/2016

La Ley 779 fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero del 2012 y entró en vigencia en junio de ese mismo año y en 2013 fue reformada vía decreto reduciendo su ámbito de aplicación a relaciones de pareja. LA PRENSA/ARCHIVO

La Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua, presidida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mandó a cercenar la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres mediante un instructivo que deben cumplir a cabalidad los jueces especializados en violencia del país, así como los facultados por la ley para conocer estos casos.

Además, les mandó una lista de privados de libertad condenados por violencia psicológica, violencia patrimonial, intimidación o amenazas contra la mujer, entre otros delitos “menos graves”, para que den legalidad a las libertades que ya ejecutó el Ministerio de Gobernación, mediante la figura de convivencia familiar, la semana pasada. La lista es de trescientos reos aproximadamente por cada juzgado especializado.

LA PRENSA consultó al magistrado Rafael Solís, quien está asignado por el poder judicial para ver estos casos, pero se excusó por estar en reunión familiar y prometió atender en otro momento.

Según el “instructivo para casos de violencia, alimentos y protección especial de niños, niñas y adolescentes” al que LA PRENSA tuvo acceso, ningún juez podrá ordenar la captura de procesados en rebeldía por incumplimiento de pensión alimenticia, ni por delitos menos graves, y en caso de que lo hiciese, la Policía Nacional no la cumplirá.

Esta situación desnaturaliza el espíritu de la ley, critican mujeres organizadas. Quedan excluidos de este bolsón que conforman el 75 por ciento de los delitos de la Ley 779, el feminicidio, la violación y el abuso sexual.

VIOLAN DERECHO DE LA VÍCTIMA

El instructivo ya se está aplicando. Un ejemplo reciente fue la sentencia número 38, emitida por el Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia de Managua, donde la juez suplente María José Velásquez Lazo condenó a un año de cárcel a Juan Velásquez Brenes, por incumplimiento de pensión alimenticia, pero no decretó su orden de captura ni otra medida alterna, a como manda el artículo 217 del Código Penal.

Los derechos de la víctima: un niño de 10 años, quedaron desprotegidos, por “orientaciones superiores”, denunció Adalberto Avilés Meza, abogado de la mamá de la víctima, quien lleva cinco años costeando sola los gastos de su hijo.

Para Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), esta es una muestra más del totalitarismo que se vive en Nicaragua y determina que las consecuencias de las nuevas orientaciones serán más violencia para las mujeres, porque el agresor se siente protegido por el Estado.

CONTROL DE INSTRUCTIVO

La semana pasada, autoridades de la Comisión de Justicia Penal se reunieron con los jueces y magistrados de la Sala Especializada en Violencia para evaluar el seguimiento al instructivo y se les indicó: “No se están ejecutando órdenes de captura por rebeldía en los casos de incumplimiento de deberes alimenticios ni sentencias condenatorias por el mismo delito”.

“No se reciben denuncias de incumplimiento de deberes alimenticios ni de delitos menos graves, donde el Ministerio Público no tiene presencia”.

“Los delitos de violencia se están tramitando como delitos comunes”.

En la reunión también se ventiló que “hay resistencia para realizar mediaciones en delitos de violencia”, según confió una fuente judicial.

“Se orientó que las capturas por delitos menos grave no se están ejecutando y se ordenó que si en un delito menos grave el juez ordena la captura en sala, la Policía no la ejecutaría”, detalló la fuente judicial.
Las orientaciones sobre el cumplimiento del instructivo fue oral (a pesar de que existe un documento) y deben aplicarlas, estén o no de acuerdo con ello, agregó la fuente judicial.

HAY QUE MEDIAR

La comisión encabezada por el magistrado Rafael Solís, por parte de la Corte Suprema de Justicia, también les orientó a la Fiscalía y a la Policía a mediar en todos los casos y ofrecer acuerdos en casos graves.

“Cuando la denuncia es recibida por el Ministerio Público, este promoverá la mediación o remitirá a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) o Defensoría Pública para la realización de esta”, indica el instructivo al que tuvo acceso LA PRENSA.

“En lugares donde no hay presencia del Ministerio Público, solamente Auxilio Judicial recepcionará la denuncia de delitos menos graves y los remitirá a la Dirac y a la Defensoría para mediar”.

“En aquellos casos donde la persona no quiera mediar y el Ministerio Público no ejerza la acción penal, se deja a salvo el derecho a la víctima de acusar directamente ante el juez competente, quien deberá promover que se resuelva el caso a través de la mediación”, se lee en el instructivo.

INVISIBILIZAR VIOLENCIA

La Red de Mujeres Contra la Violencia y la Alianza de Centros reaccionaron a las disposiciones del gobierno a través del sistema de justicia en los casos de violencia que consideran tienen como fin invisibilizar la violencia hacia las mujeres con lo cual las deja en indefensión.

Las mujeres advierten que esta situación provocará un aumento de la violencia de género, habrá mayor impunidad y promoverá que las víctimas tomen venganza contra sus victimarios.

“Las mujeres vamos a un estado de tortura”, reaccionó Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres, quien sostuvo que las mujeres ya tienen miedo denunciar porque la mayoría de las Comisarías de la Mujer ya no existen y de Auxilio Judicial las remiten al Ministerio de la Familia (Mifamilia), donde les plantean la mediación a los casos de violencia.

Esto para Bertha Inés Cabrales, del Colectivo Itza y Alianza de Centros, “es retroceder en el tiempo”, pues la imagen que quieren vender es un país que protege a sus mujeres pero “se quita toda la ruta de protección ante la violencia hacia las mujeres”.

“¿Cómo será la protección a las mujeres, a la población de niños si le quitan la fuerza a la Ley 779?”, pregunta Cabrales, al tiempo que apunta: “Más bien, hoy las llevan a la mediación, las llevan a que las pensiones de alimentos eliminen la sanción —que es la cárcel— para aquellos hombres que incumplen con el rol de paternidad, que incumplen con la manutención de sus hijos. ¿Cómo se une un Estado (al demandado) que quita las garras de la ley para la protección de los niños en la demanda de sus madres para que se garantice la comida, la escuela, los cuadernos, su salud, su recreación cuando algunos hombres desdichadamente no han asumido con responsabilidad su paternidad?”

“La impunidad se acrecienta por el temor que tienen las mujeres a denunciar, porque les dicen en diferentes instancias que lo aprendan a perdonar (al agresor)”, sostuvo Rodríguez quien señaló que esto es igual en los casos relacionados con abusos sexuales contra la niñez, los que avizoró también aumentarán ante la situación de impunidad.

MUJER EN VAIVÉN ELECTORAL

A criterio de Bertha Inés Cabrales, del Colectivo Itza y Alianza de Centros, todas las acciones que ha realizado el gobierno en esta materia han sido con fines electorales, las que empezaron con la penalización del aborto terapéutico, luego promovieron la aprobación de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer y ahora cambian nuevamente la ley con el mismo propósito.

“Es decir, las mujeres estamos sometidas a los vaivenes de los intereses del Gobierno de (Daniel) Ortega”, sostuvo Cabrales, quien señaló que desde hace tiempo “la ley ha venido perdiendo el estatus que tenía, al cambiar su propósito de visibilizar la violencia en el ámbito público y privado”.

“Quitaron con politiquería, por arte de magia la violencia en el ámbito público, porque lo que quieren es evidenciar que en este país hay ternura, amor y el respeto al derecho de las personas; es decir, invisibilizar las cifras de la realidad de la violencia que ocurre en el seno de la familia, en las calles, centros de trabajo y universidades”, apuntó Cabrales.

MILLONES EN DEMANDAS

Los juicios impulsados por la Defensoría Pública en materia de familia, específicamente en las demandas de alimentos ascienden a 2,959, que suman unos 7.7 millones de córdobas, detalló la institución en una nota de prensa el año pasado. En el año 2014, las pensiones que logró impulsar la Defensoría sumaron más de 12 millones de córdobas, pero con las nuevas disposiciones del poder judicial esta cifra podría no repetirse.

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Comentarios

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  • Nica emigrante

    Aplaudo la decision de la Corte Suprema de Justicia. La ley 779 era violatoria de los Derechos Humanos de los Hombres, de la Constitucion de la Republica, y una aberracion legal ya que no permitia la defensa; una vez que te acusaban estabas condenado. Por otro lado, era una estupidez, porque se basaba en lo que decian tus vecinos, si te llevabas mal con los vecinos, estabas frito. Al Estado de Nicaragua le costaba una montonada de dinero mantener esa ley, con Comisarias de la Mujer (que deberian ser comisarias de la familia, si acaso), con juzgados especializados en violencia de genero, con un Ministerio Publico atestado de casos de pleitos entre parejas, etc. Lo unico que se logro fue acabar con los matrimonios, porque una vez que tu mujer te acusaba, el matrimonio estaba terminado. Demos gracias a Dios que esto se acabó.

  • Alberto

    Que bien estonces… Otra mas del nuestro Gobierno Inscontitucional, pero yo voy a los Jueces, por dignidad, profesionalismo y ética, le dijera a Solis: “renuncio porque yo jurisita no puedo apañar la justicia” pero que va tambien los Jueces son parte de esta corrupción legal, la Policia porque sabemos que es Policía Sandinista, pero la honra de los Jueces??? Ahora muchos irresponsables quedaran impunes. Le recuerdo tambien al Magistrado Solis, que las reuniones familiares son los fines de semana y no en horas de labores, que usted despues descaradamente estaría cobrando el salario que le pagamos con nuestro impuestos, tenga respeto al pueblo pobre.

  • PEDRO

    bravo mi comandante ya era hora de parar los abusos y no dejar que las personas hagan su gusto, se han visto muchas cosas injustas solo por señalar a alguien de maltrato familiar lo cual nunca lo ha sido.

  • Claudia

    El caso es que estos Señores que comentan, no lo deben generalizar, por que a como hay Padres responsables, hay otros que no asumen su obligación Así que si hablan que sean con base, algunos de estos hombres llegan a causar lastima frente a los jueces y a decir “no tengo trabajo”, sin embargo si una mujer se queda sin empleo, busca como resolver las necesidades de sus hijos.

  • vila

    Tengo una preciosa niña ,de 8 años ,con una nicaraguensa ,separado, la jues me diola custodia de nuestra hija.Ya hace mas de 6 años ,la mama nunca pago la pencion.
    Trabaja y vive bien, pero de que puedan encerarla en carcel por una pension , jamas mes cruso la mente.

  • lenny

    por fin se ha hecho justicia en revocar esta ley que hay mujeres que se estaban aprovechando de muchos padres y hombres responsable además la corte de justicia a petición de muchas de las partes tenía que hacer algo porque muchas mujeres abusan de padres y hombres que siempre han sido responsables con sus hijos además cuando una mujer maltrata psicológicamente a su pareja en este caso a su marido o conyugue quien dice algo nadie pero hay mujeres y aclaró que no todas las mujeres son iguales al igual que los hombres así que digo que hay mujeres que con una mirada dicen que un hombre las maltrata y lo primero que piensan es en ponerles preso quitarle su bienes que tanto cuestan años de sacrificio y esto con el fin de lucrarse así que bendito sea el señor lo que se hizo con esta ley que genera más bien violencia y no se hace ningún trabajo con encarcelar a padres responsables


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