No confían en la Policía hondureña. La madre y los cuatro hijos de la asesinada líder indígena lenca Berta Cáceres Flores pidieron ayer que el crimen sea investigado por una comisión internacional. Clamor al que se han unido organismos nacionales y extranjeros y un senador estadounidense.
La exigencia fue hecha por los hijos: Olivia, Berta, Laura y Salvador, durante una conferencia de prensa realizada antes del sepelio de la activista, de 44 años, asesinada a tiros por dos hombres la madrugada del jueves, en su casa en la ciudad de La Esperanza.
La incorporación de expertos extranjeros “nos va asegurar que no es otro acto más de corrupción, no hay soborno (y) nos va a dar confianza”, aseguró Olivia Zúniga Cáceres.
“Esperamos que se firme el acuerdo entre Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan ser incluidos en el proceso de la investigación, investigadores independientes nacidos en la lucha”, añadió Olivia.
Austra Flores, madre de Berta, comentó que “espero que este horrendo crimen no quede en la impunidad y que el gobierno sea presionado internacionalmente para hallar y castigar a los verdaderos responsables”.
PRESIÓN EXTERNA
Una Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a más de cuarenta entidades de Latinoamérica, ha pedido a la OEA que se asegure de que la investigación “sea realizada con la debida diligencia, de manera independiente e imparcial”.
El senador demócrata estadounidense, Patrick Leahy, aseguró en un comunicado que la investigación del crimen “debe ser independiente y exhaustiva, incluyendo la participación de expertos internacionales”.
CRIMEN POLÍTICO
“Este es un crimen político, se ha dicho y desmentimos rotundamente que se trate de un crimen pasional”, dijo Olivia.
El diario La Prensa de Honduras publicó que “son tres hipótesis las que manejan las autoridades policiales: el robo, un crimen pasional y problemas por la labor que Berta Cáceres promovía en favor de los pueblos indígenas”.
La Policía hondureña informó ayer de la detención de Tomás Gómez y una menor de edad, cuyo nombre no fue revelado, quienes supuestamente están vinculados al crimen y son miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres fue cofundadora en 1993.
Las autoridades hondureñas detuvieron el mismo día del crimen como vinculado al caso a José Ismael Lemus, un guardia de seguridad que trabaja en la colonia donde vivía la dirigente indígena.