Un verdadero drama enfrentan dos jóvenes madres que reclaman les devuelvan la tutela de sus pequeños hijos, quienes hace varios meses les fueron quitados y remitidos a centros de protección especial, por funcionarios del Ministerio de la Familia (Mifamilia) aparentemente a través de un procedimiento anómalo. En ambos casos sospechan de que el fin sea entregar a sus hijos en adopción a extranjeros.
Uno de los casos que trascendió este fin de semana es el de Jennifer Tatiana Zeledón Rizo (18 años), originaria de Estelí, quien desde hace cuatro meses toca las puertas del Ministerio de la Familia (Mifamilia) para que le devuelvan a su bebé de siete meses que le fue arrebatado.
Cabe recordar que LA PRENSA ha buscado la versión de Mifamilia tanto en Managua como en los departamentos donde se han conocido los casos de presunta adopción irregular, pero ni la titular de esa institución ni otro funcionario han brindado explicaciones de lo que está pasando.
Zeledón le relató a LA PRENSA en Managua, que durante el tercer mes de gestación ella le pidió ayuda a Mifamilia para llevar a feliz término su embarazo, porque había sido abandonada por el padre de su hijo y prefirió no pedir el auxilio de su madre. La institución la apoyó y la mantuvo en el albergue conocido como Casa Alianza, ubicado en la capital.
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RELATA EL CALVARIO
Cuando llegó la hora del parto, el 4 de agosto de 2015, Zeledón fue llevada de la Casa Alianza al Hospital Bertha Calderón donde dio a luz. Sin embargo, solo un mes estuvo al lado de su hijo Jocksan Gabriel Zeledón, porque funcionarias de Mifamilia se lo llevaron dado que ella presentó síntomas de depresión posparto, por lo que le explicaron que tenía que estar separada del bebé durante tres meses.
Dos meses después de haber sido separada de su bebé, Zeledón regresó a la casa albergue para reclamar a su hijo, pero nadie le dio información. Y en Mifamilia ya no la querían atender, según relató.
ABUELA QUERÍA A NIETO
María Elena Rizo, mamá de Zeledón, manifestó que en dos ocasiones funcionarios de Mifamilia llegaron a su casa en Estelí, quienes le preguntaron si quería quedarse con su nieto y ella siempre les dijo que sí estaba dispuesta a apoyar a su hija, igual que los hermanos de la muchacha. Después de esas dos visitas no regresaron más.
La abuela del bebé manifestó su temor de perder a su nieto, porque también un funcionario de Mifamilia les habría dicho que el niño lo darían en adopción.
Rizo afirmó que tienen ya referencias de que el caso de Jocksan Gabriel —supuestamente— también fue remitido al Juzgado de la Familia, en Jinotepe, departamento de Carazo, donde se pretende declararlo en abandono para dárselo a una pareja austriaca.
Zeledón le pidió ayuda a la Defensoría Pública del juzgado de Estelí porque ya pasaron más de cinco meses y no le dan razón de su hijo Jocksan Gabriel, a quien también su padre quiere ayudar y mantener, por lo cual está acompañándolas para recuperar el niño.
LA PRENSA buscó la versión del responsable de Defensoría Pública de Estelí, Eliot Chávez, para conocer los avances del caso pero se informó que él estaba fuera de la ciudad, no obstante, una fuente de esa institución dijo que han tratado de obtener los datos en Mifamilia y tampoco los han querido recibir.
Alberto Rosales, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Estelí, dijo que Mifamilia violó todos los procesos administrativos, el Código de la Familia y la misma
Constitución Política de Nicaragua al llegar a separar a niños del seno familiar mediante la irregular adopción.
Consideró, inclusive, que podrían presumirse hechos penales contra los funcionarios que estén detrás de estas prácticas, las cuales se deben investigar.
OTRO CASO SOSPECHOSO EN MANAGUA
Otro caso es el de Sidney Romero, de 21 años, quien vive en Managua y con preocupación ve cómo pasa el tiempo y no sabe qué pasó con su niña de un año, Stefani Ester Aragón Romero, quien el 25 de octubre del año pasado le fue quitada por una funcionaria de la Comisaría de la Mujer, del Distrito Uno de la Policía, bajo el alegato que estaba descuidada.
Romero explica que por un problema suscitado con la persona que le alquilaba un cuarto fue conducida a la Policía, por lo que ella salió con su niña en brazos a como estaba. Ya en la delegación, la Comisaría remitió a un centro de protección a Stefani. La muchacha estuvo detenida cuatro días. Cuando salió de la delegación buscó a su niña a quien únicamente la dejaron ver el 5 de noviembre. Después de eso le han negado verla.
Romero aseguró que ella fue a la Escuela de Valores, tal y como le mandaron las autoridades de Mifamilia, y al concluir el curso en febrero pasado, dice que fue a informarle a la funcionaria de Mifamilia que conoce su caso, pero esta la sorprendió cuando le dijo tajante: “Eso no le va ayudar”.
La muchacha criticó que la funcionaria haya dado por sentado que “yo no era capaz de tener a mi hija”, pues indicó que además la funcionaria le adujo que maltrataba a la niña. En todo esto, Romero observa un procedimiento anómalo, pues en febrero pasado funcionarios de Mifamilia fueron a la casa de su madre y se llevaron también a su niña mayor de 4 años, Sandra Sofía Romero Cruz, que estaba bajo el cuido de la mamá de la joven madre.
“Ella (la funcionaria) está en contra de mí”, indicó la muchacha que reconoce que anteriormente llevó una vida desordenada, pero también alega a su favor que por sus hijas ha rectificado y las autoridades no la escuchan.
TEME QUE SUS NIÑAS SEAN DADAS EN ADOPCIÓN
Romero teme que sus niñas sean dadas en adopción porque “ella (la funcionaria) me cantó (dijo) que yo no puedo tener a las niñas y ninguno de mis familiares… me miran que ando sola luchando por ellas”.
La preocupación aumenta con lo que han dicho quienes le brindan asesoría pública, de que si ella decide darle seguimiento al caso por la vía judicial, “estos casos no se resuelven aquí (en Managua), sino en Matagalpa y Jinotega”.
“Para mí este caso es en Managua, mire yo le he preguntado a amistades mías que son abogados y me dicen que el juez determina eso. ¿Por qué ella va a viajar a Jinotega, si ella no es de Jinotega?”, pregunta por su parte Alex Vladimir Pichinte, quien apoya a la joven para que tenga trabajo y una condición económica para responder por sus hijas.
Pichinte sostiene que según los abogados consultados por ellos, solo si un caso ocurre en un departamento “y es muy especial” es cuando las autoridades lo trasladan a Managua.
Pichinte y su esposa apoyan a Romero porque tienen condiciones económicas y así se lo hicieron ver a las autoridades de Mifamilia, a quienes les dijeron que estaban anuentes a responsabilizarse por la muchacha y la niña de un año, pero las autoridades no los escucharon.
DEBE PREVALECER INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
El abogado Ramón Eugenio Rodríguez, experto en protección de Derechos Humanos, recordó que la adopción es la última medida que deben determinar las autoridades administrativas o judiciales. “Eso implica escuchar al papá biológico, a la mamá y resto de ascendientes”, dijo Rodríguez, quien apuntó: “Debe siempre prevalecer el interés superior del niño y adolescente”.
Rodríguez señaló que el artículo 22 del Código de la Niñez es clave en indicar que en ningún caso la falta de recursos materiales de los padres o tutores será causa para declarar la suspensión o pérdida de relaciones parentales o de tutela de los niños. Igualmente menciona Rodríguez que a favor del niño está el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que el Estado debe fiscalizar que el proceso administrativo judicial que lleve a una adopción, debe contar con todas las observaciones correspondientes.
La Convención del niño está reconocida en la Constitución Política de la República a través del artículo 71 de la misma.
