Para evitar retardación de justicia en perjuicio de los condenados Eddy Gutiérrez, Wilfredo Balmaceda, Juan y Gregorio Torres Espinoza y Erick Salgado, conocidos como los “tirapiedras” en ese proceso, el conductor Walter Balmaceda y otros procesados en el caso conocido como la masacre del 19 de julio; los magistrados de la Sala Penal Uno mandaron al juez Edgar Altamirano a subsanar una serie de “omisiones” en dicho expediente.
La Sala Penal no ha podido programar la audiencia de apelación en este caso, a pesar que fue presentada en julio del 2015 por los abogados defensores.
Este caso tomó relevancia social, puesto que fallecieron cinco personas, y más de 20 salieron lesionadas; después que un grupo de desconocidos dispararon y atacaron con piedras la caravana de buses que trasladaba a simpatizantes del partido Frente Sandinista a la Plaza la FE en Managua, donde celebrarían el acto del 19 de Julio, en julio del 2014.
DOCUMENTOS QUE FALTAN EN EXPEDIENTE
Entre las omisiones señaladas al juez Altamirano están falta de actas de juicio, falta del acta del fallo de culpabilidad y debate de la pena, los magistrados aclaran que una parte de los documentos están en el sistema Nicarao (digital), pero no físicamente.
También señalan los magistrados que la sentencia no está digitalizada en el sistema Nicarao. Además no están las notificaciones de admisibilidad de los escritos de apelación, no se notificó a terceros de buena fe, no dieron trámite a la petición de urgencia del reo Jairo Obando Delgadillo, para ser revisado por medicina legal ya que se encuentra enfermo.
A CORREGIR
“Subsanese las omisiones aludidas y enviese las diligencias al Tribunal en el menor tiempo posible, resuelvan las peticiones de las partes para que no se vulnere su derecho a la celeridad procesal”, dice el auto de notificación de la Sala Penal Uno.
Entre las observaciones que hicieron los abogados defensores en el escrito de apelación de este caso están la falta de observación de la prueba de descargo de parte del judicial, valoración parcializada de la prueba, violación a una serie de derechos constitucionales, que según el abogado Marlon Aburto van desde que los capturaron porque les negaron el derecho a ser asistidos por un abogado, a comunicarse con sus parientes y fueron “ torturados” por policías en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional.
VÍCTIMAS DE LA MASACRE
Entre las víctimas mortales están Devilma Argentina Benavídez Gómez, Esther Ligia Vásquez Barrera, Yader Francisco Sáenz Potoy, Germán Adrián Martínez Hernández y Yelsin Isaías Talavera Galeano.
Por estas muertes fueron procesadas 12 personas. Según la sentencia judicial, ocho de ellos deberán cumplir la pena máxima constitucional de treinta años, aunque la pena impuesta sobre pase está cantidad.
Este proceso fue criticado porque fue el primer grupo de acusados sustraídos de su juez competente y la acusación presentaba inconsistencia.
