El Gobierno de Nicaragua tiene una posición ventajosa legalmente y puede recurrir al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el caso extremo de que el Gobierno de Colombia se resista a aceptar y acatar el fallo de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), a fin de hacer que se respeten las decisiones del máximo tribunal internacional.
Así lo explica Mauricio Herdocia, especialista en Derecho Internacional, al analizar la postura “contra el Derecho Internacional” y amenazante del presidente colombiano Juan Manuel Santos, al no aceptar la última decisión de la CIJ y anunciar que no comparecerá más ante el tribunal con sede en La Haya, Holanda, en las demandas interpuestas por Nicaragua contra el país sudamericano.
Santos pretende negociar bilateralmente con Nicaragua las disputas limítrofes.
Herdocia explica que si Colombia se resiste a acatar el fallo y aceptar la jurisdicción de la CIJ se pondrá de espaldas al derecho que mantiene la armonía de la comunidad internacional. Y eso pondría un arma legal en manos de Nicaragua para actuar.
“Lo primero en este caso es que Nicaragua siga en el juicio, estar abierto a un diálogo con Colombia, siempre que no se intente cambiar lo que ya dispuso la Corte en materia de los límites marítimos (en la sentencia de 2012). Y Nicaragua tendrá que mantener abiertas las puertas, para que el momento que suceda algún incumplimiento significativo, si se produce cualquier agravamiento de la situación en el mar Caribe, Nicaragua tendrá que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo Herdocia.
El especialista espera que se tenga que llegar a esos extremos recordando que “el Consejo de Seguridad es el órgano que preserva el orden, la paz y seguridad internacional y fue investido en la Carta de Naciones Unidas de poder administrar las sentencias de la CIJ”.
El 14 de marzo pasado la CIJ desestimó las excepciones presentadas por Colombia, que pretendían desconocer la jurisdicción del tribunal internacional en las dos demandas presentadas por Nicaragua, en las que se exige obligar a Colombia a acatar la sentencia de la CIJ, en la cual le amplió a Nicaragua su plataforma marítima en el mar Caribe.
La Corte también se declaró competente para conocer la demanda de Nicaragua en la que solicita concederle una plataforma continental más allá de las doscientas millas náuticas desde la costa Caribe.
