El Parlamento hondureño aprobó este 29 de marzo el convenio que el país firmó en enero pasado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para instalar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
El acuerdo fue aprobado por “gran mayoría” y “con dispensa de dos debates” a petición del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, indicó la oficina de prensa del poder Legislativo en un comunicado.
El convenio para la Maccih fue firmado el pasado 19 de enero en Washington por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El titular de la comisión especial que dictaminó el acuerdo, Oswaldo Ramos Soto, indicó que el objetivo de este es “apoyar, fortalecer y colaborar activamente” con las instituciones hondureñas encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
La Maccih, que fue presentada el pasado 22 de febrero en Tegucigalpa, será un ente “complementario, con líneas de acción definidas a unas reformas de la justicia penal, de la seguridad pública y electoral”, añade la declaración oficial.
Entre sus funciones se destacan la de seleccionar, asesorar, evaluar y certificar un grupo de fiscales y jueces hondureños que se encargarán de investigar y ejercer acciones penales en los casos de corrupción.
Además colaborará con Honduras en facilitar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento para su Implementación, señaló el Congreso Nacional.
La misión, que se firmó por cuatro años y tiene financiación internacional, es la primera de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro, y el organismo se reserva el derecho a retirarse si hay incumplimientos.
Además actuará con “absoluta independencia, objetividad y transparencia, lo que implica libertad política y económica, en la toma de decisiones”, añadió.
La Misión de Apoyo contribuirá a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) al fortalecimiento de “la calidad, efectividad y legitimidad del sistema judicial penal hondureño”.
También elaborará e implementará un nuevo marco jurídico para regular la financiación de las campañas políticas en el país centroamericano.
La misión cuenta con el rechazo de algunos grupos de “indignados” hondureños y grupos de la sociedad civil.
El Movimiento Oposición Indignada surgió en mayo de 2015 producto del hartazgo social ante la impunidad y tras un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para exigir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), similar a la que creó Guatemala con Naciones Unidas en 2006.