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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que en Venezuela jamás se aprobará la Ley de Amnistía. LA PRENSA/AFP/FEDERICO PARRA

Maduro le da la espalda a la Ley de Amnistía

"Ayer aprobaron de manera intempestiva una ley que jamás ni nunca será aprobado en Venezuela un instrumento jurídico como ese", dijo Maduro en un acto de Gobierno en Caracas transmitido por la televisión estatal.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este 30 de marzo que pretende cortar el vuelo a la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento con el fin de liberar a varios opositores presos, entre ellos Leopoldo López, al asegurar que “jamás ni nunca” el país le dará el visto bueno a ese instrumento jurídico.

Sin sorpresas, Maduro anunció su no rotundo a una norma que forma parte de las promesas electorales con las que la oposición de ese país arrasó en las parlamentarias, unos comicios en los que logro revertir la hegemonía del chavismo en la Cámara.

“Ayer aprobaron de manera intempestiva una ley que jamás ni nunca será aprobado en Venezuela un instrumento jurídico como ese”, dijo Maduro en un acto de Gobierno en Caracas transmitido por la televisión estatal.

La ley que pretende exonerar de responsabilidad a los opositores presos, principalmente a los señalados de la violencia de las protestas antigubernamentales de 2014 -entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión-, y que dejaron 43 muertos es, a juicio de Maduro, “la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país”.

“El que llamó a quemar este país ahora pretende ser perdonado en los crímenes de 43 venezolanos”, aseguró refiriéndose a López, quien lideró el inicio de las protestas y a quien acostumbra llamar “el monstruo de Ramo Verde”, en alusión al nombre del centro de reclusión.

Por su parte, el jefe del grupo parlamentario chavista en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, presente en el acto, se preguntó “quién puede tener duda de que Leopoldo López es un asesino”.

“Leopoldo López es responsable de esas 43 muertes y de esos 800 heridos”, aseguró Rodríguez, quien también se refirió al exgobernador del estado occidental de Zulia y también opositor Manuel Rosales, detenido y enjuiciado por enriquecimiento ilícito.

“Quién puede tener duda de que Rosales es un corrupto si quien lo denunció es un actual diputado de oposición. Ahora dicen que nosotros lo perseguimos políticamente”, aseveró.

Rodríguez consideró que la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la mayoría opositora, lo que ha hecho es “tratar de sacar a sus corruptos y a sus asesinos de las cárceles, donde presos se van a quedar”.

La esposa de López, Lilian Tintori, aseguró que Maduro debe refrendar la Ley de Amnistía si quiere que haya “paz” y “reconciliación” en Venezuela.

Maduro “tiene que firmar esa Ley de Amnistía si él quiere paz, reconciliación y entendimiento para todos los venezolano”, dijo en una rueda de prensa desde la Asamblea Nacional (AN, unicameral) la esposa del opositor condenado a casi 14 años de prisión por la violencia de una protesta antigubernamental en 2014.

Tintori, que ha promovido una campaña internacional en favor de los opositores que están en prisión, aseguró que “los ojos del mundo” están puestos ahora en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó ayer la AN con el voto de la mayoría opositora, y en la decisión del primen mandatario sobre ese instrumento legal.

La norma fue aprobada ayer con el voto en contra del chavismo que la calificó de “ley de amnesia criminal”, pues, para este grupo, que apoya al Gobierno, beneficia a criminales y terroristas.

Aunque el veto de Maduro no podría por si solo poner fin a la iniciativa legislativa, que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y la Cámara no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, alegando su inconstitucionalidad.

La normativa podría dejar en libertad a más de 70 políticos presos acusados de delitos comunes, pero que la oposición califica de “presos políticos”, y a otro grupo de opositores calificado de “perseguidos” y en el exilio.

Aunque el máximo Tribunal no ha fijado hasta ahora una posición sobre la Ley, la oposición venezolana ha cuestionado en reiteradas oportunidades las decisiones de la sala porque, a su juicio, sirven a los intereses del chavismo.

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