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La Asamblea salvadoreña autorizó los traslados de los líderes de pandillas de una cárcel a otra, y que algunos pasen al régimen especial de internamiento. LA PRENSA/ARCHIVO

Asamblea salvadoreña aprueba medidas para combatir pandillas

Con los votos de 83 de los 84 diputados y el apoyo de todos los partidos políticos incluyendo a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el congreso unicameral aprobó las reformas a la ley penitenciaria que entrará en vigencia de inmediato tras ser sancionada por el ejecutivo y publicada en el Diario Oficial.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 1 de marzo un paquete de medidas extraordinarias que afectarán el sistema penitenciario con los que se busca aislar a los cabecillas de las pandillas que las autoridades afirman ordenan los homicidios, extorsiones y otros delitos desde las cárceles.

Con los votos de 83 de los 84 diputados y el apoyo de todos los partidos políticos incluyendo a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el congreso unicameral aprobó las reformas a la ley penitenciaria que entrará en vigencia de inmediato tras ser sancionada por el ejecutivo y publicada en el Diario Oficial.

Con las medidas extraordinarias, que tendrán una vigencia de un año, el gobierno busca tener el control y seguridad del sistema penitenciario de todo el país y proteger a la población de las actividades ilícitas que se siguen ordenando desde los penales, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

Las reformas autorizan a las autoridades a los traslados de los pandilleros de una cárcel a otra y que algunos pasen al régimen especial de internamiento, que comenzó con el aislamiento de 299 cabecillas de los grupos delincuenciales.

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También podrán aplicar la restricción y suspensión de las visita, a excepción de las realizadas por los abogados de los reos, pero con mayor control. Según las autoridades, algunos juristas se convierten en mensajeros de las pandillas.

Las medidas incluyen la regulación de la movilización de reos a diligencias judiciales y la suspensión de los plazos procesales y mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales.

Se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

El diputado Guillermo Galleros del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, arremetió contra las empresas telefónicas: “Han llegado a la desfachatez de decir que el negocio de ellas es ganar dinero, que no les importa lo que aquí suceda, pues hoy se fregaron, hoy hay una decisión y una voluntad política de ponerles un hasta aquí”, agregó.

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Al concluir la votación en el pleno, el vicepresidente de la República Oscar Ortiz dijo en conferencia de prensa que: “Hoy estamos haciendo lo correcto en esta cruzada contra el crimen y la extorsión”.

Ortiz advirtió que “vamos a tener un año intenso, vamos a tener un año también duro, y digo, duro porque nos va a tocar trabajar de lunes a domingo” en el combate a las pandillas y dijo que las reformas al sistema penitenciarios “no es el único instrumento que vamos a necesitar, hay otras medidas que las vamos a trabajar conjuntamente con la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad” de la Asamblea Legislativa.

El vicepresidente explicó que la próxima semana anunciarán la conformación de un grupo de reacción rápida para el combate contra la inseguridad que estará integrado por 600 militares y 400 policías. El grupo estará concentrado en el área metropolitana de San Salvador, pero tendrá la capacidad para movilizarse a las zonas rurales.

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