El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) indicó recientemente que las medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo deben ser dictadas por las autoridades de los países y no por los bancos. Esto surgió tras la polémica demanda en España de Safe Interenvíos por competencia desleal contra BBVA, Banco Sabadell y Liberbank, según difundieron medios de ese país.
La demanda fue interpuesta inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona luego que esos bancos cerraran las cuentas de Safe Interenvíos. “La firma aseguraba que los bancos le exigían conocer la identidad de sus clientes. Estos lo niegan y aducen que tomaron la medida bajo el protocolo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, publicó el diario económico Cinco Días, de España.
La Audiencia extendió consulta al TJUE, el que llegó a afirmar que “la ley española sobre blanqueo de capitales y financiación terrorista es más restrictiva de lo que establece la ley comunitaria”, incluso la calificó de “excesiva”, según difundió El Español.
El despacho de abogados que llevó el caso, Cremades & Calvo, celebró el reconocimiento obtenido por parte del Tribunal de Luxemburgo. “Se presuponía que toda transferencia bancaria era blanqueo de dinero y eso lo hemos tirado abajo”, dijo a El Español Antonio Selas, abogado del bufete, para quien la sentencia lo que hace es “conservar el principio de presunción de inocencia de los ciudadanos”.