Banqueros, políticos y empresarios centroamericanos aparecen vinculados a las operaciones financieras de la firma Mossack Fonseca, tras la filtración de miles de documentos que expusieron una compleja red de blanqueo de capitales.
Medios de prensa de Costa Rica, El Salvador y Guatemala publicaron conexiones de la firma en esos tres países, donde reclutaron clientes de todo tipo de actividad económica.
En el caso costarricense, algunas de las firmas de abogados más prestigiosas del país prestaron servicios a clientes que usaron la firma Mossack Fonseca para abrir subsidiarias en Panamá u otros paraísos fiscales.
Los documentos conocidos como “Panama Papers”, fueron investigados separadamente en Costa Rica por el Semanario Universidad y el sitio www.ameliarueda.com.
“La filtración desnuda el enorme esfuerzo legal, económico, intelectual y logístico que realiza un grupo de políticos, empresarios y banqueros de Costa Rica para transferir su capital al extranjero, aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense”, destacó el Semanario Universidad.
DIPUTADO SEÑALADO
Señalado en las informaciones aparece el diputado Otto Guevara del derechista Movimiento Libertario, quien ha bloqueado la votación de un proyecto de ley contra el fraude tributario y fue el notario que registró la filial de Mossack Fonseca en San José en julio de 1989.
“No lo conozco (a Mossack Fonseca) y eso ocurrió hace 23 años. No me acuerdo quiénes fueron”, dijo Guevara al ser consultado por Universidad.
Entre las empresas citadas aparece la extinta atunera Borda Azul, del expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Hermes Navarro (1999-2006) y el cubanoestadounidense Ted Brink.
Mediante la firma panameña, Borda Azul instaló una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas que servía para fingir exportaciones y obtener incentivos monetarios otorgados por el gobierno a empresas exportadoras.
En El Salvador, el diario digital El Faro publicó que “más de 220 empresas ‘offshore’ fueron creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con al menos 33 clientes salvadoreños”, para realizar transacciones fuera del control de las autoridades.
En Guatemala, el asesinado abogado Francisco Palomo utilizó la firma panameña para que su cliente Marllory Chacón adquiriera una empresa. Chacón fue sentenciada en Estados Unidos a 10 años de prisión por narcotráfico.
