El gobierno brasileño presentó este jueves una petición ante Supremo Tribunal Federal (STF) para anular el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff con el argumento de que todo el procedimiento está “contaminado”.
Fue el paso más reciente en semanas de riñas legales en torno a un proceso en el Congreso que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en el país más grande de Latinoamérica.
La Cámara de Diputados prevé votar el domingo si avanza el procedimiento de destitución o “impeachment” basado en denuncias de que el gobierno de Rousseff violó leyes fiscales.
El abogado general, José Eduardo Cardozo, dijo que el presidente de la cámara baja Eduardo Cunha, desde hace años la némesis de Rousseff, impulsó el juicio político de manera tal que fue más allá de las acusaciones.
Cardozo dijo lo mismo acerca del informe presentado a la comisión especial, que votó el domingo enviar la medida al pleno de la cámara. Dijo que la discusión incluía la crisis política, la recesión y la investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.”No nos referimos a los méritos del juicio político” sino al proceso, dijo Cardozo a la prensa.
CONTEO DE VOTOS
El gobierno perdió en los últimos días a aliados de importancia y las encuestas indican una tendencia al aumento de los partidarios de la destitución, que se acercaban a los 342 votos necesarios (dos tercios de un total de 513 diputados) para aprobar la moción.
Si el Senado ratificara luego esa decisión, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer, del centrista PMDB. Y en caso de que la cámara alta la declare formalmente culpable en un lapso máximo de 180 días, Temer completaría el mandato hasta fines de 2018.
Los partidarios de ambos bandos convocaron a movilizaciones masivas el fin de semana en la capital, donde las fuerzas de seguridad tendieron un vallado a lo largo de la explanada de los ministerios para evitar incidentes frente al Congreso, y las principales ciudades del país.