Samir Matamoros, conocido como “El pistolero de Metrocentro”, reapareció el miércoles 13 de abril nuevamente en los juzgados de Managua por una cuarta causa en su contra. Esta vez lo acusan de robo agravado en perjuicio de José Daniel Urbina Martínez y Juana Patricia Sevilla Jarquín, a quienes supuestamente les robó los celulares utilizando una arma de fuego.
El arranque del juicio fue en el Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, ante la juez Rosario Peralta, donde ambas víctimas lo señalaron de ser la persona que el pasado 31 de mayo del 2015 los asaltó a mano armada a eso de las 9:00 p.m en el barrio Vista Xolotlán de Managua.
El Ministerio Público lo acusó también de tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua.
HECHOS SEÑALADOS
Según la víctima José Daniel Urbina el día de los hechos dos sujetos abordo de una moto color roja placa: M 86308, pasaron por donde estaba él y su novia y se detuvieron. El pasajero era Samir quien se bajó con arma en mano y amenazando a la víctima Juana Patricia Sevilla, le quitó dos celulares valorados en 200 dólares y 3,500 córdoba.
La víctima Juana Patricia Sevilla declaró en juicio que cuando el otro desconocido dio la orden a Samir que “cuetiera” a su novio porque andaba armado, ella se tiró sobre él y forcejó por lo que este se subió el casco que andaba en la cabeza y ella logró reconocerlo.
Esta acusación estaba suspendida porque el Ministerio Público no había presentado el escrito de intercambio de elementos de prueba y lo hizo en enero de este año, aunque la audiencia inicial se hizo el 29 de febrero donde finalmente lo remitieron a juicio. El miércoles juicio fue suspendido y continuará el próximo 21 de abril.
EN METROCENTRO
La última comparecencia de Samir Matamoros en los juzgados, fue para responder por los disparos que hizo contra manifestantes que estaban frente al Consejo Supremo Electoral, el 3 de septiembre del 2015. En esa ocasión, el juez Ernesto Rodríguez dijo que el acusado “no era reincidente, pues no poseía antecedentes” y bajo esos argumentos le impuso penas mínimas, cuatro años de prisión.