El gobierno de Daniel Ortega fue señalado por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, junto con los de Bolivia y Ecuador de intimidar a las organizaciones de la sociedad civil a través de procedimientos burocráticos.
Igualmente destaca las restricciones existentes al derecho de los ciudadanos a votar, obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, acompañada de intimidación y acoso a periodistas y medios de comunicación independientes. Así como una mayor restricción del acceso a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.
La anterior observación la hace el Departamento de Estado en el informe anual 2015 sobre derechos humanos, en el capítulo sobre Nicaragua. El informe publicado este miércoles 13 de abril, en Washington, menciona como principales violaciones de derechos humanos el aumento de acoso e intimidación por parte del Gobierno a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil.
Menciona que organizaciones tanto nacionales como internacionales críticas al oficialismo fueron hostigadas e intimidadas por los funcionarios del Gobierno. Y refiere que, según informaron algunas ONG, la intimidación tuvo la intención de suprimir las críticas y creó un clima de miedo.
Identifican como acoso, mayores restricciones para que las ONG nacionales pudieran recibir fondos directamente de los donantes internacionales y las auditorías selectivas, las que, aclara, están legalmente permitidas en el país.
PERSISTE CORRUPCIÓN
Nuevamente ocupa una mención importante en la sección número 4 del mismo, sobre corrupción y transparencia, la corrupción generalizada en instituciones del Gobierno, en lo particular en la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el poder judicial.
En el mismo señala que el Gobierno no hizo cumplir la Ley con eficiencia y los funcionarios con frecuencia se involucraron en prácticas corruptas con impunidad. Menciona, por ejemplo, el desembolso de los fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana liderada por Venezuela para los Pueblos de Nuestra América (Alba), con un promedio de más de quinientos millones de dólares anuales, fuera del proceso presupuestario normal y controlado por el Gobierno.
Y refiere que medios independientes, grupos de derechos humanos y los partidos de la oposición informaron sobre la borrosa línea existente entre el partido Frente Sandinista y el Gobierno a través de los llamados Gabinetes de la Familia, dirigidos por el oficialismo y los llamados Comités de Liderazgo Sandinista (CLS).
A través de los Gabinetes de la Familia o del sistema CLS los ciudadanos, aparentemente, son obligados a afiliarse al Frente Sandinista para poder obtener alimentos subvencionados, la vivienda, la vacunación, el acceso a las clínicas y otros beneficios públicos que son administrados por estos, mientras le niegan dichos servicios a los miembros de la oposición, señala el informe.
Al tiempo que refiere cómo los tribunales se mantuvieron particularmente susceptibles a los sobornos, manipulación y otras formas de corrupción, sobre todo por el FSLN, lo cual deja la sensación, dice el documento, de la fuerte influencia del partido del oficialismo en las acciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y destaca que los observadores señalaron retrasos en la administración de Justicia, como en los casos de los detenidos tras los hechos de violencia en Mina El Limón y en Chichigalpa, a finales del año pasado.
A su vez indica en el sumario ejecutivo del informe que el Gobierno rara vez tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos.
La impunidad siguió siendo un problema generalizado, señala el informe. Y menciona casos como la masacre de Las Jagüitas, cuyos autores fueron policías y recibieron penas mínimas, o que quedaron sin investigar, como el de Modesto Duarte, muerto a tiros, según varios testigos, durante una operación militar.
Duarte murió en enero de 2015, después de la explosión de la mochila bomba, en la comunidad de El Portal, Santa María de Pantasma. Señala también que el Ejército negó haber realizado cualquier operación de este tipo, pero a partir de octubre no hubo más investigaciones sobre el incidente.
Igualmente, indica, no hubo avances en las investigaciones sobre otros casos, entre estos la muerte del exmiembro de la Resistencia Nicaragüense y miembro del Partido Liberal Independiente (PLI), Carlos García, ocurrida en julio de 2014.
IMPIDEN ACCESO A ASESORA LEGAL
El informe anual del Departamento de Estado también recoge la preocupación de diferentes sectores de la sociedad por el proyecto del Gran Canal, ante la falta de información o consulta pública, el posible impacto ambiental y social, entre otros.
Mientras se conocía el informe, a la asesora legal del grupo que promueve la iniciativa para derogar la Ley del Gran Canal, Mónica López, se le impidió el acceso a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional para brindar asistencia a la presentación de un recurso.
El alegato fue que López había tomado una fotografía cuando la Primera Secretaría se negó a recibir la iniciativa. Hecho que —le dijeron— le podía costar prisión, por ser ilegal. López lo consideró “un acto de revanchismo por la actitud beligerante que hemos tenido”. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó el hecho de “una agresión personal”.
