El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) dio a conocer esta semana el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En ese informe se incluye a Nicaragua, con la descripción de todas las violaciones cometidas por el régimen orteguista.
El Departamento de Estado elabora ese informe anual sobre los derechos humanos en el mundo por mandato del Congreso de los EE.UU., desde mediados de los años 1970. Al comienzo solo incluía a países que reciben ayuda estadounidense pero después fue extendido a todos los estados miembros de las Naciones Unidas.
Oficialmente, el propósito del informe no es acusar a otros países por las violaciones de los derechos humanos, únicamente recabar información para la toma de decisiones en la política internacional estadounidense. Pero de hecho es una denuncia contundente de los atropellos contra los derechos humanos que cometen los regímenes autoritarios o dictatoriales que hay en muchos países del mundo, y así son considerados por gobiernos, partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación social.
En Nicaragua, los funcionarios del régimen orteguista se muestran ofendidos y se enfurecen cada vez que EE.UU. da a conocer el informe sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país. Y hace coro con los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que acusan al gobierno de los EE.UU. de injerencista, e inclusive de hipócrita, porque no denuncia sus propias violaciones a los derechos de las minorías estadounidenses.
Sin embargo el régimen orteguista no puede desmentir el informe estadounidense, porque todo lo que se dice en él es cierto. Para ejemplo, el miércoles de esta semana, al mismo tiempo que se estaba conociendo el informe estadounidense sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, entre ellas la intimidación a las organizaciones y activistas de la sociedad civil, la abogada de los campesinos que se oponen al Canal Interoceánico, Mónica López Baltodano, era amenazada con cárcel porque tomó una fotografía de la presentación de una iniciativa de ley contra el Canal en la Asamblea Nacional.
Por otra parte, los activistas políticos no partidistas que demandan elecciones libres y limpias, Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García, denunciaron ayer que el Gobierno se niega a atender la recomendación de medidas de protección para ellos que han sido pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después que fueron agredidos con intenciones homicidas por malhechores simpatizantes del Gobierno.
La denuncia de las violaciones de los derechos humanos contenida en el informe del Departamento de Estado de EE.UU. no es vinculante, o sea que no impone ninguna sanción ni obligación a los gobiernos violadores. Sin embargo es una sanción moral contra ellos y un respaldo también moral a las víctimas de la dictadura orteguista, que ya son muchas y siguen aumentando.