El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST-Nacional), Roberto González, sufre ahora “en carne propia” lo que durante nueve años ha experimentado la clase trabajadora no afín al orteguismo, opinó el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva Sánchez. Mientras el abogado laboral, José Antonio López, recordó que en muchos casos, los de la CST “se hicieron de la vista gorda”.
Lea: Tímido reclamo de sindicato sandinista
Ambos se refirieron a la denuncia efectuada por González, sobre irregularidades a los derechos laborales que enfrentan afiliados a la CST, pero que López lo consideró como un problema “de antagonismo”, que ellos han creado.
López puso como ejemplo el caso de los trabajadores de la zona franca, donde, dijo, el año pasado el crecimiento económico fue del 11.50 por ciento, pero a los trabajadores solo les reconocieron reajustes salariales del 8 por ciento. “Allí estuvo en una negociación la gente de la CST, estuvo Roberto González”, señaló López.
Esto llevó a López a preguntar por qué durante los años anteriores la CST no había expuesto esta problemática. Y señaló que no es un secreto que entre los representantes de la José Benito Escobar y la CST de González hay conflictos de por medio, igual que los hay entre la CST de González y el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) de Gustavo Porras.
“De que hay diferencias, de que Gustavo Porras es el que está liderando a Fetsalud y al FNT y que es patrocinado por doña Rosario, sí es cierto, no es un secreto y ellos mismos lo saben”, sostuvo López, quien señaló: “El problema es que ahora hay intereses y que quieren hacer que respeten la ley no pueden, porque ellos mismos lo han degenerado”.
Leiva Sánchez, por su parte, recordó que de forma reiterada han denunciado la violaciones a los derechos laborales, pues tanto las instancias administrativas como los juzgados laborales no tienen una independencia plena.
LA BARRIDA DE SINDICATOS DEMOCRÁTICOS
Leiva Sánchez recordó que solo en el sector público entre 2007 y octubre de 2014, cuando él llevó un control, fueron despedidos 27,000 empleados públicos, a su vez eliminados 177 organizaciones sindicales y más de 2,300 dirigentes sindicales.
Señala que durante nueve años se ha promovido la represalia, el despido ilegal y suspensión de labores de los trabajadores.
El dirigente de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma), Antonio Jarquín, expresó que aunque ellos han recibido respuesta a sus trámites de certificación de sindicatos, ha habido un proceso tardío.
Y consideró que en Granada hay una situación especial, donde les han negado certificaciones a tres sindicatos, que les ha llevado a apelar. Hay sentencia de los tribunales de Granada ordenando que en diez días se inscriban los sindicatos, pero esta disposición no ha sido acatada por el Mitrab.
En uno de los casos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que mandó un requerimiento a la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres Briones, para que cumpla, lo que no ha sucedido.
En la próxima semana solicitarán ante la CSJ que pida al presidente inconstitucional Daniel Ortega su destitución por desacato conforme con la Ley de Amparo.
Hasta ahora el Mitrab sigue sin pronunciarse.
