El abuso frecuente de parte de las fuerzas policiales durante la detención de sospechosos y el uso excesivo de la fuerza, en otros casos, fue señalado en el informe anual de derechos humanos emitido este miércoles 13 de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el capítulo sobre Nicaragua.
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Aunque la Ley prohíbe prácticas como la tortura o tratos crueles en el país, hubo informes de que la Policía abusa con frecuencia de los sospechosos durante la detención, refiere el informe.
El mismo señala que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los medios de comunicación denunciaron que la Policía continuó proporcionando un tratamiento preferencial para los grupos afines al Gobierno y las manifestaciones del oficialismo.
DENUNCIAS GRAVES
También expresa que la corrupción, ineficiencia y falta de transparencia del sistema de Justicia contribuyeron a la percepción pública de la impunidad policial.
Entre los casos mencionados en el informe están la denuncia por violación de una joven detenida en el Distrito Cuatro de la Policía, hecho que fue desestimado por la Policía.
Igualmente la tortura denunciada por la esposa de uno de los tres campesinos de la comunidad de Santa Elena, Caribe Sur, por la matanza de cinco policías, también mereció una mención en el informe.
APORTE DEL CENIDH
El informe sobre derechos humanos retoma información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sobre las 419 denuncias recibidas durante los primeros nueve meses del 2015, en contra de la Policía Nacional por uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y trato cruel o degradante.
Destaca que hubo numerosas quejas de tortura ejecutadas por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), especialmente durante las detenciones relevantes relacionadas con el crimen organizado.
No obstante, por la falta de estadísticas oficiales actualizadas y una falta general de acceso a la información pública, tanto las organizaciones de derechos humanos como expertos en materia de seguridad tuvieron dificultades para descubrir cómo investigó la Policía las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de sus miembros. El Gobierno generalmente no tomó acción sobre las quejas contra las fuerzas de seguridad.
ORTEGA HA POLITIZADO A LA POLICÍA
A su vez el informe refiere que las ONG informaron que el cargo de comandante en jefe de la Policía por parte del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha politizado esa institución y llevado a muchos a cuestionar su profesionalismo.
Por ejemplo, el presidente extendió varias veces el cargo a la directora nacional de la Policía, primero a través de un decreto ejecutivo de 2011, que violaba el término establecido en la ley vigente en ese momento y luego a través de la aprobación de un nuevo Código de Policía y los cambios constitucionales radicales en 2014.
POLICÍA SANDINISTA
Igualmente menciona el uso de un emblema policial con la sombra de la Policía Sandinista y el uso de la bandera rojinegra del Frente Sandinista colocada en varios distritos policiales.
La aprobación de la Ley de Seguridad Soberana que amplía la definición de la soberanía del Estado y la Seguridad mereció un espacio en el informe.
La Ley define la “seguridad soberana” como la “existencia de una paz permanente” dentro del país y, además, afirma que el Gobierno es responsable de proteger contra “todo riesgo, amenaza o conflicto que se pone contra la seguridad del soberano”, señala el informe.
La Ley incluye “cualquier otro factor que crea peligro para la seguridad de la gente, la vida, la familia y la comunidad, así como los intereses supremos de la nación nicaragüense” al plantear riesgos potenciales y las amenazas a la seguridad de la nación soberana, destaca el Departamento de Estado, que recoge las preocupaciones de los grupos de derechos humanos por las implicaciones de la Ley en el espacio democrático en el país.
COINCIDENCIAS, DICE ANPDH
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, consideró que el informe refleja lo que hemos venido diciendo de que hay un peligro a la estabilidad de la paz social. Y expone, dijo, la realidad sobre la inseguridad ciudadana a la que están expuestos los nicaragüenses.
“Es decir, hay una promoción permanente de injusticia, de indolencia y de impunidad, lo que imposibilita las condiciones para un adecuado respeto a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense”, afirmó Leiva.
A esto, agregó Leiva, “todos los funcionarios públicos tienen como objetivo un marco de fidelidad partidaria”.
