La idea de la política que deriva del pensamiento de Aristóteles conduce a preguntarse si efectivamente esta ha sido el arte del bien común, o más bien el arte del poder, como se desprende de los escritos de Maquiavelo, especialmente de El Príncipe, o el arte de lo posible, como la consideran algunos filósofos políticos.
En verdad, aunque la práctica no siempre coincida con la teoría, el bien común constituye su objetivo esencial, sin el cual pierde todo sentido el quehacer político y toda justificación el ejercicio del poder, el que solo se legitima en la medida en que ese bien común exista integrado en la constitución, las leyes y el sistema institucional del Estado y la sociedad.
Si nos situamos en la realidad actual de Nicaragua, percibimos de inmediato que la política, en este momento, está determinada, principalmente, por las próximas elecciones del mes de noviembre. El quehacer político y las elecciones constituyen una relación indisoluble, pues entre ambas existe una complementación necesaria.
Como parte central del debate político, resalta la exigencia de unas elecciones limpias y transparentes, para lo cual se reclama la reforma al sistema electoral, y la observación nacional e internacional, entre otros requerimientos. Todo ello se da en un marco político caracterizado por la concentración del poder, por una parte y en la fragmentación política, por la otra.
En ese cuadro general se destaca la necesidad de la unidad de la oposición, conformada en diferentes coaliciones o grupos de partidos y movimientos políticos; la presencia de un candidato que tenga la posibilidad de atraer el voto; y por supuesto, la existencia de un plan estratégico de gobierno, ausente hasta el momento, que permita orientar la campaña electoral hacia una propuesta que contemple las estrategias referentes a los asuntos políticos, institucionales, económicos, sociales, educativos, de salud, entre otros, y no solamente la búsqueda del poder y de los cargos públicos correspondientes.
Creo que la situación actual y las perspectivas que de ella puedan derivar, es responsabilidad de todos y no únicamente de los partidos políticos. Si la política es efectivamente el arte del bien común, esto significa que su objetivo es la sociedad en su conjunto, pero significa también que la responsabilidad para alcanzar tal propósito concierne a todos. El bien común conlleva la responsabilidad común y de manera particular, la responsabilidad específica que corresponde a la ciudadanía, a la polis, como destinataria y sujeto activo de la política.
En este sentido y a partir de la situación concreta que plantea el proceso electoral presente, es necesario no descuidar la búsqueda de un acuerdo que trascienda lo coyuntural e inmediato, por muy importante que esto sea. Quiero decir que hay que pensar en un proceso de concertación, el que, habida cuenta de la situación actual, debe empezar por los partidos de oposición y en general por la ciudadanía y diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero que luego debe procurar alcanzar un acuerdo integral que involucre al Estado en un nuevo contrato social, en un auténtico proyecto de nación.
Es claro que para que esto se pueda realizar, es absolutamente necesario un proceso electoral limpio y transparente, pues de lo contrario las condiciones no serían aptas para la concertación sino para la confrontación.
Es lo que hemos llamado a través de muchos años La Nicaragua Posible. La del consenso y la democracia, la que surge de la unidad de nuestras diferencias, de La Unidad en la Diversidad. No la Nicaragua homogénea, ni tampoco caótica y confrontativa, la del maniqueísmo que niega todo lo que no reproduce la propia imagen y deseos, sino la sociedad plural y múltiple, en la que todas las expresiones de la democracia política tienen un espacio legítimo.
La Nicaragua Posible debe ser fruto de la concertación, una forma de expresión de la voluntad colectiva, un estilo de conducir la política y lo político con miras a la construcción de una nueva sociedad, pero también, un instrumento preciso para dar respuesta a los problemas apremiantes que gravitan sobre nuestro pueblo.
La concertación significa un salto cualitativo sobre lo que han sido las dos expresiones dominantes de la política nicaragüense: la confrontación y la confabulación; el facto y el pacto, pues se concerta no para tratar de imponer en forma total y sin apelación un modelo determinado ni para disolver en las esencias de las fuerzas políticas dominantes la identidad del adversario, sino para tratar de encontrar un plano de coincidencias mínimas de las diferencias, un punto de convergencia de las contradicciones. Pero sobre todo, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo sobre quién recaerían las decisiones y acuerdos que eventualmente se adopten.
En sentido amplio entendemos la concertación como un proceso sistemático de discusión y de acuerdos sobre aspectos no solo coyunturales, sino globales y estratégicos, realizado con la participación de todos los sectores representativos de la vida nacional.
Creo que la concertación es fundamental para la elaboración de un plan estratégico, de un proyecto de nación a partir del cual se busque la solución a los severos problemas que afectan al país.
Pensamos que el proyecto de nación que surgiría de la concertación, es la plataforma política, económica, social y cultural, indispensable para enfrentar los problemas de la sociedad nicaragüense; pero sobre todo, pensamos que es el mecanismo democrático que puede permitir la construcción de una base sólida de adecuada duración, que dé seguridad y estabilidad a Nicaragua, más allá de los diferentes gobiernos y cambios políticos que se sucedan.
A pesar de todos los problemas y diría, precisamente por ellos, tenemos la obligación de pensar en el futuro. Una sociedad sin optimismo es una sociedad sin perspectivas, que no es el caso de Nicaragua, cuyas reservas morales y su vigor forjado en la adversidad y reverdecido en la esperanza, permitirá construir un futuro de estabilidad, de concordia y de paz y hacer verdaderamente de la política el arte del bien común.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.