Hablemos del espinoso tema de la deuda con Venezuela. Para ubicarnos mejor, recordemos algunos antecedentes. En el 2007, uno de los primeros actos del gobierno de Ortega, una vez que tomó posesión del cargo de presidente, fue suscribir un convenio de cooperación petrolera con el hoy occiso presidente Chávez.
Según este convenio, el gobierno de Venezuela asumió el compromiso de proveer a Nicaragua la totalidad de sus necesidades de petróleo, bajo las siguientes condiciones: el 50 por ciento del valor de cada barril de petróleo se pagaría en un plazo no mayor de 90 días, es decir, al contado. El otro 50 por ciento se pagaría en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del 2 por ciento.
Así, por ejemplo, si el barril de petróleo costaba 100 dólares, solamente se pagaban 50 dólares y los otros 50 dólares quedaban como un crédito a 25 años, para ser utilizados en el desarrollo del país.
Pero la camarilla gobernante despojó de estos fondos al pueblo nicaragüense. ¿Cómo se produjo la gran estafa? Resulta que el dinero proveniente del crédito a 25 años, que debía ingresar al presupuesto y servir para financiar obras de desarrollo, de manera fraudulenta pasó a manos de la camarilla gobernante. Con la venia de Chávez, resolvieron privatizar los beneficios de esos recursos.
Después de explorar distintas triquiñuelas finalmente dieron con la siguiente modalidad:
Las importaciones de Venezuela se cancelaban de contado por parte de la empresa nicaragüense Petronic, es decir, el gobierno de Nicaragua declinó hacer uso de las ventajas del convenio. A la par, por gracia celestial y del coronel Chávez, PDVSA, la empresa venezolana exportadora de petróleo otorgaba un crédito, de las mismas características (25 años de plazo, 2% de interés anual) a una empresa privada nicaragüense. Los jerarcas del régimen privatizaron fraudulentamente los beneficios de un convenio intergubernamental.
Así apareció Caruna. El dinero entonces, en lugar de llegar al ministerio de Hacienda, como correspondía, se transfirió a las cuentas de la empresa cooperativa Caruna.
El dinero que debía servir para construir obras de infraestructura productiva como un puerto en el Caribe, para mejores salarios a maestros, policías y trabajadores de la salud, para construir y mejorar escuelas y centros de salud, para sanear las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para ejecutar amplios programas de desarrollo productivo, con crédito y asistencia técnica a productores y empresarios de distinto tamaño, en lugar de todo eso, se utilizó para enriquecer a la camarilla gobernante.
¿Cuánto representó este arreglo en dinero contante y sonante? Cada año ingresaron a las cuentas de Caruna entre 500 y 600 millones de dólares. Al sumarse, el total de fondos apropiados fraudulentamente superan los 3,500 millones de dólares, conforme cifras oficiales.
Tal como destapó una publicación reciente de la revista nicaragüense Confidencial, los jerarcas del régimen hicieron charanga con una parte de estos recursos, con otra parte establecieron empresas chupasangre, como las de energía eléctrica y combustible, con otra parte financiaron proyectos para cultivar la clientela política del partido gobernante. Con otra establecieron un banco. Finalmente, una gruesa suma la preservan en depósitos bancarios.
Ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central y otros funcionarios juraron hasta con los dedos de los pies que esa deuda era deuda privada, que a su vencimiento sería pagada por Caruna.
Hasta la Asamblea Nacional, con el respaldo de la bancada oficialista emitió una declaración en tal sentido.
¿Cuál es el problema? Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó un corto párrafo en su último informe sobre la economía nicaragüense aseverando que los activos y pasivos de Caruna, derivados del acuerdo petrolero, estaban siendo transferidos a Albanisa.
Albanisa es una empresa cuyos dos socios son PDVSA —empresa venezolana exportadora de petróleo— y Petronic, empresa pública nicaragüense importadora de petróleo.
¿Qué significa esto? Que la deuda de Caruna, que era de carácter privado ahora se transfirió a Petronic y PDVSA, que son empresas públicas.
Si Petronic es una empresa pública, sus deudas también son públicas y eventualmente su pago puede descargarse sobre las espaldas de los nicaragüenses.
Sobre esta información el Gobierno no ha dicho una sola palabra. Se supo casi de casualidad, al aparecer en el informe del FMI.
Si esta información se confirmara, estaríamos ante el mayor crimen cometido en contra del pueblo de Nicaragua porque se le condenaría a pagar, casi eternamente, una deuda que no contrajo, por unos recursos que solo sirvieron para enriquecer a la camarilla gobernante.
Un verdadero crimen porque no solamente mutilaron, en el presente, posibilidades reales de generar empleo, elevar la productividad, mejorar la calidad de la educación, que son desafíos estructurales claves, sino que estarían aniquilando el futuro.
En estas circunstancias, corresponde exigir a Ortega que responda las siguientes preguntas:
¿Cuál es el estatus legal de la deuda petrolera con Venezuela?
¿Es cierto que la deuda de Caruna se transfirió a Albanisa y en consecuencia parte de esa deuda es ahora de Petronic?
¿Autorizó usted que esa deuda privada se intente descargar sobre las espaldas del pueblo nicaragüense?
Son preguntas que el gobernante debe responder a todos los nicaragüenses.
Los nicaragüense todos debemos ponernos ojo al cristo y prestos a movilizarnos y resistir, porque si Ortega pretende imponer el pago de esa deuda, y lo logra, estará aniquilando toda posibilidad de superar el atraso, estará aniquilando toda esperanza para un futuro decoroso. Para todos. Así de sencillo, y así de grave.
El autor es diputado.
