Se ha informado que la deuda privada de la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna) derivada del manejo del negocio del petróleo proveniente de la cooperación venezolana, está siendo o ha sido convertida en deuda pública, o sea que la tendrán que pagar todos los nicaragüenses.
Según informó ayer LA PRENSA, el presidente de Banco Central, Ovidio Reyes, se pronunció sobre este tema de manera ambigua, diciendo que “hasta ahora” y “en el momento inmediato” esa deuda no afecta al presupuesto ni a la deuda pública en general. O sea que más adelante sí los afectará.
Como se sabe, el acuerdo para la cooperación venezolana con Nicaragua establece que el cincuenta por ciento del precio del petróleo que Venezuela suministra al país, se debe pagar en un plazo de 90 días y la otra mitad queda como crédito, a 25 años de plazo y con una tasa mínima de interés, supuestamente para financiar programas sociales en beneficio del pueblo nicaragüense.
Sin embargo, el dinero de ese crédito petrolero venezolano nunca ha entrado a la caja del Gobierno, ni ha sido incluido en el Presupuesto nacional, sino que ha pasado directamente a Caruna a razón de 500 a 600 millones de dólares cada año, sumando una deuda de al menos 3,500 millones de dólares.
Desde que comenzó esa opaca operación fue cuestionada por economistas independientes, pero la respuesta de los operadores del orteguismo en el Ejecutivo y el Legislativo fue que la deuda de Caruna era privada y, por lo tanto, no tenía que ser registrada en el presupuesto nacional ni sometida al control público.
Por su parte, diputados de la oposición aseguraron que la deuda de Caruna no podía ser pública porque no se ajustaba a los requisitos señalados por la Constitución y la ley de la materia. Al respecto, en un informe sobre La privatización de la cooperación venezolana en Nicaragua elaborado a mediados de 2011, el periodista Carlos Salinas incluyó una entrevista con el entonces diputado liberal y miembro de la comisión económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, quien aseguró enfáticamente que “la cooperación recibida por parte de Venezuela, desde enero de 2007, no representa deuda para el Estado nicaragüense”.
Sin embargo, ahora el FMI ha informado que los activos y pasivos de Caruna derivados del acuerdo petrolero con Venezuela, han sido transferidos a Albanisa, de la cual es parte Petronic, que sí es una empresa pública asociada con la estatal empresa petrolera venezolana PDVSA. De manera que al pasar la deuda de Caruna a Albanisa se convierte en pública —aunque el goce de sus beneficios haya sido privado—, y tendrá que ser pagada por todos los nicaragüenses.
En estas circunstancias, la oposición democrática que en algún momento pasará a ser gobierno, debería presentar una propuesta para impedir que los nicaragüenses paguen esa deuda onerosa, como fueron obligados a pagar la piñata sandinista de los años noventa.
