Indígenas y afrodescendiendes de las nueve comunidades que conforman el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunciaron que la firma de un acuerdo de consentimiento para el uso de 263 kilómetros cuadrados de su territorio para el proyecto del Gran Canal “es ilegal porque no se ha desarrollado un proceso de consulta de conformidad con los estándares mininos de buena fe y requeridos por la normativa nacional e internacional”, afirma un comunicado emitido por miembros del GTR-K.
El acuerdo fue suscrito entre algunos representantes del GTR-K y la Comisión de Desarrollo del Gran Canal.
Becky McCray, coordinadora de justicia comunitaria dentro del GTRK, aseguró que “el gobierno actual ha estado haciendo divisiones en el gobierno territorial y gobiernos paralelos al legitimo. Han dividido para que pueda avanzar su proyecto y conseguir con algunos líderes el aval, porque consentimiento no hay de parte de las comunidades, tampoco ha habido una consulta de acuerdo a los procedimientos legales establecidos a nivel nacional e internacional. Se han violentado desde los estatutos comunales hasta la constitución política”.
McCray representó a la comunidad Rama en la audiencia realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2015, donde varios movimientos sociales expusieron las violaciones cometidas por el Estado para propiciar la ejecución del Gran Canal.
Según informaron medios oficialistas la mañana de hoy, el acuerdo de consentimiento implica un contrato de arriendo de las tierras indígenas para la ejecución del Gran Canal, y que viene a ser el resultado de dos años y medio de consultas en las nueve comunidades del GTR-K.
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Sin embargo, los líderes de las comunidades de Monkey Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, las que resultarían más afectadas, han venido denunciando desde enero de 2014 la falta de un proceso de consulta de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales requeridos en estos casos.
Rupert Allen Claire Duncan, presidente del gobierno comunal de Monkey Point y miembro del GTR-K, aseguró que el acuerdo firmado hoy, no es avalado por todos los miembros del GTRK, sino solo por algunos, por lo que “nosotros no reconocemos ningún documento que haya sido firmado sin habernos tomado en cuenta”.
En el comunicado emitido hoy, el GTR-K afirma que “durante una sesión del GTR-K realizada hace dos semanas, este, por mayoría, decidió que no firmarían ningún documento por la falta de asesoría legal en todo el proceso así como por no haber contado con un observador internacional, como lo ordenó la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol en diciembre de 2013”.
En total el GTR-K está conformado por 18 miembros, dos de cada comunidad, “sin embargo, algunos de los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes que llevó el gobierno a Managua no son miembros del GTR-K; y algunos miembros del GTR-K denuncian que no fueron ni siquiera informado del viaje, y menos de la firma del documento que ahora publica la prensa oficialista”, reza el comunicado.
LA PRENSA se comunicó vía telefónica con Héctor Thomas, presidente del GTR-K quien afirmó que no podía hablar en ese momento porque estaba saliendo del evento y conducía hacia el banco.