ALGO PASA EN LA MONTAÑA
Hay un clamor que viene de la montaña, como dice la vieja canción revolucionaria. Algo está pasando. Estallan mochilas bombas, campesinos son llegados a sacar de sus casas en la madrugada y luego aparecen muertos. Son ejecutados con saña. Hay señales de tortura. Circulan videos. Campesinos dicen armarse porque el gobierno de Daniel Ortega les roba la libertad. Los acosa. El Ejército niega, dice que son delincuentes comunes. Abigeos. Narcotraficantes. Hay versiones, rumores y sospechas. Algo está pasando y eso no se puede negar. El silencio de las autoridades que deben explicar qué demonios pasa, no logra aplacar el clamor que viene desde la montaña. Al contrario, lo acrecienta.
PREGUNTAS
La Policía está obligada a explicar qué está pasando en las montañas de Jinotega. ¿Quién mató a Andrés Cerrato en Ayapal, Jinotega? ¿Quién mató a Enrique Aguinaga, en Wanawas, Río Blanco? ¿Cuál fue el móvil en uno y otro caso? ¿Hay detenidos? Hay denuncias de más campesinos muertos. ¿Cuánto de eso es verdad o cuánto es mentira? Es la Policía la que debe aclarar con pruebas y hechos. ¿O es que estos campesinos pertenecen a una categoría de ciudadanos a las que alguien puede matar sin necesidad de responder por ello, como sucedía con los forajidos buscados en el viejo oeste?
INVESTIGADORES
Si quienes deben investigar y aclarar los crímenes no hacen nada de lo que les corresponde por obligación de ley, es lógico que en algún momento se piense en organismos supranacionales de investigación que determinen qué es lo que sucede en las montañas de Jinotega. Si, así como está ocurriendo en México, Guatemala u Honduras, donde la complicidad, ineficiencia y corruptela gubernamental han quedado con los calzones abajo tan solo con que alguien “de afuera” rascó un poco de la podredumbre. Y aquí, entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato?
COMISIONES
Si hay quienes acusan al Ejército y la Policía como sospechosos en estos crímenes y ninguna de estas instituciones da la cara para deslindar responsabilidades, ¿quién debe investigar? ¿Tiene que venir acaso una CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) o una Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras) o un GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de México para que conozcamos un día lo que hoy por omisión o conveniencia nos están ocultando? No debería ser necesario llegar a ese punto, pero tampoco podemos aceptar como respuesta el silencio y la ignorancia de quienes han renunciado a las funciones que por ley les corresponden.
CASO BERMÚDEZ
Revisemos la historia. Lo poco que a estas alturas sabemos del asesinato de Enrique Bermudez Varela, ocurrido en 1991, se sabe porque el cuerpo fue exhumado en Estados Unidos y forenses extranjeros determinaron, nueve meses después de su muerte, que toda la investigación que había realizado la policía nicaragüenses estaba más bien encaminada a evitar llegar al asesino, despistar, y no a dar con él. Aún no se sabe quién mató a Bermúdez, pero al menos se sabe, científicamente, que no lo mataron como dijo la policía nicaragüense en ese momento.
CASO GUADAMUZ
Otro caso. ¿Saben ustedes quién se opuso cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional propuso que se solicitara ayuda a organismos internacionales de investigación como el FBI o la CIA para determinar quién o quiénes estaban tras el asesinato del sandinista Carlos Guadamuz, en febrero del 2004? El entonces diputado Daniel Ortega. “Es absurdo que estemos pidiendo el apoyo a gente que no puede resolver el problema del crimen en su propio país, y de crímenes políticos, como el de (John F.) Kennedy y el de Martín Luther King, por mencionar algunos”, dijo Ortega en esa ocasión.
SOBERANÍAS
Hay una mafia primitiva que se viste de ropajes soberanos para ocultar sus crímenes. “No, eso sería intromisión extranjera”, dirán muy dignos sobre una comisión investigadora externa, los mismos que han impedido que las autoridades nacionales hagan algo para aclarar esos crímenes. Quienes con seguridad se opondrían a que organismos internacionales de derechos humanos investiguen los muchos crímenes sin resolver que se van apilando en los archivos de la Policía y la Fiscalía, son los mismos que dicen que la observación electoral es intromisión en nuestros asuntos internos, como si robarse unas elecciones o asesinar o reprimir a quienes piensan diferente fuese un ejercicio de soberanía y no actos criminales, donde, si no tienen culpas que cargar en ellos, deberían ser los primeros en pedir que se aclaren.
