A pesar de que se han registrado avances políticos en la región, el clima para la libertad de prensa sigue con un panorama inestable.
América Latina sigue engrosando la lista de víctimas del crimen organizado, de la corrupción política y de la complicidad, por miedo u omisión, de estados incapaces de parar esta sangrienta epidemia que todas las semanas, además de tronchar vidas y destrozar a familias enteras, deja a la región mayores dosis de censura y autocensura y a nuestras sociedades peor informadas sobre los asuntos que son de su interés.
México y Brasil encabezan la macabra lista, con cinco periodistas asesinados en cada uno de esos países, además de Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela, con un muerto cada uno. Como siempre, la impunidad reina tan campante.
Creo que ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas. Ha llegado el momento de reclamar a viva voz que los asesinatos de periodistas sean considerados delitos de lesa humanidad. ¿Qué más podemos hacer para detener esta hemorragia? ¿Qué más podemos hacer para que los gobiernos dejen de prometernos con voz engolada que la Policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo con prontitud y rigurosidad, que se tomarán en serio el combate contra la impunidad y que harán lo que tienen la obligación de hacer para llevar a los criminales ante la justicia? ¿Qué más? Después de tanta promesa incumplida, de tanto discurso vacuo y de tan lamentables resultados, ¿será que tendremos que empezar a denunciar a los estados donde estos viles asesinatos tienen lugar como cómplices de los delincuentes?
Los periodistas enfrentan numerosos riesgos en su tarea profesional, como sucede en El Salvador con los colegas que cubren información en comunidades donde hay presencia de pandillas; o como ocurre en Honduras, donde las agresiones a los periodistas y la impunidad de los crímenes continúan generando autocensura.
En México, en particular, donde desde 1987 hasta hoy han matado a 128 periodistas, la ausencia de protección y de respuestas eficientes del Estado ha sido una constante en la mayoría de los hechos de violencia contra la prensa. Nos preocupa mucho, además, la tendencia al alza de actos de violencia contra mujeres periodistas: solamente en el año 2015 hubo 84 casos. Pero también en Perú y en República Dominicana han persistido los ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas, con mayores riesgos para los que trabajan fuera de las capitales.
Estados Unidos ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Cuba; hemos visto al presidente Barack Obama conversar amablemente en La Habana con el dictador Raúl Castro. Pero, desgraciadamente, ese acercamiento no ha evitado hasta el momento que el régimen cubano continúe aplicando mecanismos de represión que derivaron en marzo en 1,200 detenciones, 319 de las cuales se produjeron precisamente durante la visita a la isla del presidente Obama. Hay que decir, también, que en contraste con lo anterior, el gobierno de los hermanos Castro ha suavizado el tratamiento hacia la prensa internacional luego de la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Es un signo positivo, aunque los cubanos, los que sufren la tiranía todos los días de sus vidas, continúan en pleno siglo XXI imposibilitados de imprimir aunque más no sea una mísera hoja de papel con alguna información u opinión crítica hacia al régimen.
El gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina cambió el panorama más oscuro del kirchnerismo y dejó de lado la política de agresión contra medios y periodistas críticos y también suprimió la práctica de subvencionar con publicidad oficial a medios y periodistas “amigos”. En general, el nuevo gobierno argentino ha mostrado una política más abierta y plural con la prensa.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones legislativas de diciembre pasado, pero eso no ha impedido a su gobierno seguir utilizando el aparato judicial que controla absolutamente para acosar, perseguir y silenciar a periodistas críticos o independientes.
En la misma línea, el presidente Evo Morales perdió un referéndum para ser reelegido en Bolivia y permanecer en el poder casi indefinidamente. Pero sus seguidores proponen una regulación para las redes sociales porque, argumentan, se prestan para una “guerra sucia” supuestamente operada por políticos opositores y desde el exterior.
Pero, en materia legislativa, el mayor problema, sin dudas, está en Ecuador. Allí, el presidente Rafael Correa decidió no participar en las elecciones previstas para febrero de 2017, pero eso no amilanó las acciones contra la prensa. De paso, Correa advirtió que también batallará contra sus críticos en las redes sociales, particularmente en Twitter.
Durante el último semestre, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) de Ecuador, controlados exclusivamente por el poder ejecutivo, impusieron 78 medidas disciplinarias entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias, amonestaciones escritas y otras sanciones, a radios (35 casos), televisión (24) y prensa (18).
Sobra decir que continuaron las constantes amenazas e insultos contra los periodistas.
En Nicaragua persiste la censura gubernamental y la publicidad oficial, solo llega —y en abundancia— a medios oficiales o a medios “neutralizados” para comportarse de forma independiente. El sistema es empleado, con malévola inteligencia, para que la competencia desleal provoque el ahogo financiero de los poquísimos medios que aún levantan la bandera del periodismo libre.
Los problemas legales y judiciales no acaban ahí.
En Brasil una ley sobre derecho de réplica aprobada el 2015 ha recibido fuertes cuestionamientos de medios y periodistas. Y en Canadá, una ley antiterrorista asegura demasiada amplitud a las agencias del gobierno para compartir información sobre los ciudadanos.
Las nuevas tecnologías abren un mundo de oportunidades, pero también incorporan problemas nuevos para la libertad de prensa.
Colombia es otro país donde el llamado “derecho al olvido” está gozando de buena salud. La Corte Suprema de ese país abrió una ventana peligrosa en esta materia con una sentencia según la cual los medios, por sí solos, deberán actualizar la información sobre la situación legal de una persona a medida que cambie su estatus.
Como dijo el presidente de la SIP, Pierre Manigault, en su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, acceder a la información pública sigue siendo una odisea en buena parte de América Latina y el Caribe.
El autor es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo de 2016.