Un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Bluefields y el reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) serán los pasos a seguir por líderes comunales Ramas y Krioles ante la firma de un acuerdo de arrendamiento entre el presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), Héctor Thomas y la Comisión de Desarrollo del Gran Canal.
Los líderes de las comunidades ramas Bangkukuk Taik y Wiring Cay y de la comunidad afrodescendiente kriol Monkey Point llegaron a Managua par realizar una conferencia de prensa la mañana de ayer y así lograr exponer su situación.
Rupert Allen Claire Duncan, presidente de la comunidad de Monkey Point explicó que la junta directiva del GTR-K está integrada por 18 miembros y que a la firma del acuerdo con la comisión del Gran Canal solo asistieron 11 personas.
Rupert Claire, pte de Monkey Point afirma que hasta ahora desconocen el estudio ambiental del #CanalNi @laprensa pic.twitter.com/ywnBJ2eYCp
— Rezaye Álvarez (@RezayeAlvarez) 6 de mayo de 2016
El GTR-K está conformado por nueve comunidades, seis son ramas y tres son afrodescendientes krioles, cada comunidad aporta dos miembros a la junta directiva territorial.
“Según nuestros estatutos y los reglamentos de cada comunidad, (la toma de decisiones) no se hace por la mayoría de votos, sino por el consentimiento de las comunidades, cada comunidad debe dar consentimiento para que se pueda avalar cualquier proyecto y obra que se haga en el territorio”, detalló Claire Duncan.
Abelardo McCrea, presidente de la comunidad Wiring Cay aseguró en un español accidentado que “nosotros no estamos en contra del proyecto, pero se debe hacer bajo la legalidad y el consentimiento de las personas y todos los requisitos que tienen derecho nuestros pueblos indígenas”.
Los líderes comunales aseguraron que Thomas firmó el acuerdo sin tener el consentimiento de Bangkukuk Taik, Wiring Cay y Monkey Point, justamente las comunidades que resultarían más afectadas de hacerse el proyecto.
“Una parte vino a firmar un acuerdo, pero sin consentimiento de todas las comunidades, porque yo como Abelardo McCrea, fundador del proceso de demarcación, no fui tomado en cuenta para venir a firmar”, aseguró McCrea.
Este es el documento donde se muestra los miembros legales de la junta comunal de Bangkukuk Taik @laprensa pic.twitter.com/MBS5lT3VDP
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Por su parte, Carlos Billis, presidente de la comunidad Bangkukuk Taik, afirmó que “yo vengo aquí para presentar la problemática que tenemos en la comunidad, que la está impulsando el gobierno de Nicaragua, ellos pusieron a otras personas para poder manipular y que firmen lo que ellos quieran, entonces yo traigo el documento que me acredita que soy el presidente de mi comunidad”.
Billis, no habla español y fue auxiliado en la traducción por Claire Duncan.
“El gobierno dice que en la Costa no tenemos derechos pero si tenemos derechos, porque donde se piensa construir este Canal Interoceánico es exactamente donde estamos nosotros, las personas que todavía hablamos la lengua rama y nosotros tenemos título territorial, pero el gobierno no está respetando eso”, afirmó Billis.
María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas, informó que el recurso de amparo se presentará en próximas semanas, al igual que el reporte en la CIDH, para continuar impulsando el proceso iniciado en junio de 2014.
DENUNCIA PRESIONES
La vicepresidenta del gobierno comunal de Monkey Point, Wendy Quinn, denunció que la martes 3 de mayo, un día antes de la firma del acuerdo de arrendamiento entre la Comisión de Desarrollo del Gran Canal y algunos miembros del GTR-K, trató de ser llevada con engaños por parte del Representante de la Presidente de la República en la RACS, Johnny Hodgson, diciéndole que el presidente de Monkey Point, Rupert Allen Claire Duncan, ya estaba en Managua esperándola.
Quinn narró que cuando descubrió la mentira se negó a viajar a pesar de las presiones recibidas.
“Yo les dije que en ningún momento iba a firmar, porque la firma de Allen no estaba ahí, y ellos me dijeron que la firma de Allen no era importante”, aseguró Quinn.
263 kilómetros cuadrados del territorio rama y kriol serían utilizados para el desarrollo del Gran Canal Interoceánico, según establece el contrato de arrendamiento firmado.