En Venezuela había hasta comienzos del presente año 88 presos políticos: 77 recluidos en distintas cárceles del país y 11 con casa por cárcel por problemas de salud.
Esa información la publicó en enero pasado el sitio web de Venezuela Mérida Digital, basado en un informe del organismo cívico Funpaz/Alianza por la libertad de presos políticos, que los identifica a todos por sus nombres, las cárceles donde se encuentran, los motivos por los que fueron encarcelados, la cantidad de tiempo que llevan presos, etc. E indica que a todos se les ha violado el derecho al debido proceso y que el 70 por ciento tiene problemas más o menos graves de salud.
El preso político más famoso de Venezuela es Leopoldo López, por cuya libertad se desarrolla una campaña mundial sin precedente. Pero todos los presos políticos venezolanos, entre los cuales hay por lo menos seis mujeres y varios militares de alto rango que cuestionaron la desviación totalitaria del Gobierno, son igualmente importantes. Y de todos ellos demandan su libertad la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gran parte de la comunidad internacional.
La dictadura de Nicolás Maduro no los reconoce como presos políticos. Los acusa de ser criminales y alega que son políticos presos, no presos políticos.
Pero este es y ha sido el mismo cuento de todas las dictaduras, fascistas o comunistas, de izquierda o de derecha. En la antigua Unión Soviética, por ejemplo, a los opositores y disidentes políticos los fusilaban o los mandaban a la cárcel y los campos de trabajos forzados, acusados de criminales, o los internaban en los manicomios porque según la explicación oficial había que estar locos para cuestionar el sistema comunista.
En Nicaragua la dictadura somocista tampoco reconocía tener presos políticos. Al mismo Daniel Ortega, quien estuvo preso siete años condenado por haber asaltado un banco para financiar la lucha armada del FSLN, el somocismo lo calificaba como delincuente común, no como preso político.
Como una ironía de la historia, ahora que Ortega está en el poder y lo ejerce de manera absolutista, su gobierno califica como delincuentes comunes a los alzados en armas contra el régimen autoritario. Y no solo no los reconoce como rebeldes políticos, sino que los liquida en vez de capturarlos y encarcelarlos, como ha ocurrido con los ya difuntos líderes guerrilleros Santos Joya, José Garmendia, Joaquín Torres Díaz y, muy recientemente, Enrique Aguinaga.
Nos comenta un sociólogo y politólogo democrático que esto es porque los presos políticos son un problema permanente muy molesto para los regímenes autoritarios, como lo demuestra el caso de Venezuela. En cambio, los muertos políticos hacen mucho ruido en el momento pero después por lo general nadie se acuerda de ellos. Tristemente esa es la realidad.