Revuelto y sucio el río Las Delicias no atrae a nadie este anónimo martes de inicios de mayo. La lluvia cayó 24 horas antes y evitó que mujeres como Lidia Téllez, una morena con un cabello poblado de canas, fuesen a lavar ropa a la ribera, un hábito que se ha hecho más común por la falta de agua en los grifos. Hoy le toca en el lavandero. Téllez vive en el reparto Hilario Reyes, en el kilómetro 77 de Carretera a León; se queja de tener problemas en los riñones, una enfermedad que no padecía. El drama que su comunidad vive se ve detrás de la cerca de alambre que la separa de su vecino. Ahí se amontona la tierra al lado del pozo. Lo están picando —explica la mujer—, en busca del líquido. Cada vara de profundidad cuesta entre 700 y 800 córdobas, lo que no pueden ganarse la mayoría de moradores, pues se dedican en su mayoría a vender leña. “El pozo estaba seco, seco, como un charquito”. Téllez hace énfasis en la palabra “charquito”, mientras le escucha su vecino, el vendedor ambulante José Reinerio Juárez Altamirano. Ubicado a diez minutos de León, una de las urbes más importantes del occidente nicaragüense, el Hilario Reyes se extiende a la izquierda de la carretera. Está formado por construcciones de ladrillo de cuarterón.
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Del otro lado de la vía, se encuentra el colegio Corazón de Jesús. Un brote de hepatitis disparó la alarma de la población sobre un problema grave, relacionado igual con el agua. Ocurrió hace tres años. Sin un sistema de corrientes residuales, las heces se cruzaron con el agua que bebían de los pozos. No recuerdan el nombre de la asociación, pero dicen que fueron unos donantes estadounidenses los que perforaron tres pozos más profundos, uno por cada calle. “Yo no sé de dónde tendríamos agua para beber, antes íbamos al colegio a traer. Estos pozos son valiosos, pero solo alcanza para tomar y el agua hace falta para otro tipo de actividades”, reitera el vendedor ambulante.
Al problema de las aguas negras y los pozos secos suman otro. Téllez y Juárez Altamirano señalan a las grandes empresas que alquilan fincas en los alrededores. Estas compañías usan agua para cultivos como la caña de azúcar. La queja de los pobladores es la misma: los dejan sin agua. Según datos de la industria azucarera, entre León y Chinandega se encuentran sembradas setenta mil manzanas de caña, de un total de 104 mil en todo el país.
“Hemos llegado a otros lados a hacer protestas por lo de la caña, pero no sabemos qué acuerdos tienen”, dice Victoria Sandoval Ochoa, una de las lideresas de la comarca llamada El Trapichito, adonde Juárez Altamirano nació. Ella asegura que si tienen agua es por proyectos financiados por donantes.
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“CAMPAÑA DE IZQUIERDISTAS”
Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, dice que se trata de “una campaña”, pues las concesiones son estrictas.
“Es lo más absurdo. Para poder perforar tiene que pasar por un estudio hidrogeológico; posteriormente por la ANA (Autoridad Nacional del Agua), la concesión es bien estricta. La gente habla porque tiene que hablar y se montan sobre esa campaña, la gente de los movimientos de izquierda, la Ruth Selma Herrera (expresidenta de Enacal) y el Movimiento Renovador Sandinista para criticar al sector productivo”.
Amador dijo que la industria emplea a 104 mil personas, entre trabajadores directos e indirectos. “Nunca se dice, pero el Ingenio Monte Rosa vio que había comunidades con pozos cavados a mano y tenían problemas de abastecimiento de agua, hizo pozos y se abastecen con agua, eso lo hizo en El Viejo y en áreas de influencia del ingenio”, defendió.
FALTA DE GOBERNABILIDAD
Sin embargo, la expresidenta de Enacal, Herrera, sostiene que no hay gobernabilidad con el tema del agua, mientras otros especialistas consideran que no hay información suficiente sobre la situación del recurso.
“Las instituciones están pintadas, están dejando que la anarquía de los productores maneje los recursos hídricos y han creado caos con los excesos. No se está cumpliendo con la ley de agua y las autoridades municipales, concejales, alcaldes, etcétera no están velando por la equidad en el acceso a agua de sus pobladores. Fallan además de ANA, INAA, Procuraduría Ambiental”, acusó Herrera.
Según la exfuncionaria, en las zonas rurales la entidad que gestiona las políticas de agua son el FISE y las alcaldías. “Enacal es la que tiene competencia en los núcleos urbanos, de acuerdo a una desafortunada y equivocada decisión tomada por Enrique Bolaños (expresidente de Nicaragua) en 2006 y ratificada por (Daniel) Ortega en 2007. Por eso no hay entidades capaces de responder por el agua a nivel rural. Están huérfanos de protección y de inversiones la mayoría de las familias rurales”.
LA DESIGUALDAD
Salvador Montenegro, exdirector del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA), considera que se carece de información sobre la disponibilidad de aguas subterráneas para procederse a la asignación de caudales. En todo caso, debe privar el consumo humano.
“Lo que hemos visto es que infortunadamente los pobladores carecen de los recursos con que cuentan los grandes regantes. La mayoría de los pobladores, sean CAPS o individuos, o fincas aisladas, usualmente es que hacen excavaciones con pico y pala, mientras aquellos cultivos que tienen posibilidad de perforar pozos con maquinaria, acceden a aquellas capas que son más ricas, por ser este bombeo constante e intenso y sacan del juego a todos aquellos que no tienen esta tecnificación, eso ha pasado con la comunidad indígena de Sutiaba”, describe Montenegro.
EFECTO DE LA SEQUÍA
Según Juan Castellón, coordinador del proyecto Musáceas y líder del proyecto de Gestión del proyecto hídrico de la UNAN-León, en el 2015 las lluvias se redujeron en un cincuenta por ciento.
“Es un componente del cambio climático. Quiénes somos los culpables, a lo mejor todos y nadie tiene en sus manos cómo enfrentar los efectos del cambio climático; a lo mejor con la reforestación, sabiendo utilizar mejor el agua, con sistema de riego más óptimo (se podría solucionar el problema de agua)”, dijo Castellón.
Aunque del problema de la sequía en el occidente del país también se responsabiliza a los productores de caña, maní y otros rubros, Castellón no los culpa.
“Al fin y al cabo no podés culpar al productor, porque tanto la población va a necesitar de un alimento básico, no es que esté defendiendo hacia un cultivo, si no tenés caña, no tenés el azúcar y si no tenés agua para regar plátanos, ¿quién va a suplir plátano? Rivas está sufriendo por agua”, dijo.
Guadalupe Caballero, quien tiene una tienda en el mercado de León, es una de las afectadas por la sequía. Con una finca en el kilómetro 81, su familia tenía problemas para proveer de agua a cincuenta reses. El año pasado las tuvo que vender. “Hay un problema con la sequía, cortan los árboles, estamos cerca de donde hay caña. Creo que eso nos ha afectado”.
ANA EXCULPA AL GOBIERNO
El 5 de abril pasado, el director de ANA, Luis Ángel Montenegro, reconoció la situación alarmante que afecta al país. “Tenés tres años de sequía y más de 30 años de deforestación, eso no es culpa de este gobierno, si a este gobierno hay que medirlo los invito a que revisen el reporte del JMP de 2015 donde claramente dice que Nicaragua tiene una cobertura de agua en lo urbano del 99 por ciento y en lo rural una cobertura del 69 por ciento”, dijo entonces. El JMP es el Programa de Monitoreo Conjunto de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Naciones Unidas.