La Procuraduría General de la República (PGR) como abogado del Estado de Nicaragua, debería investigar de oficio a los funcionarios supuestamente involucrados en la posible malversación de fondos públicos de la Alcaldía de Managua, por la denuncia de simulación de contratos para el pago de ornamentación del Paseo Xolotlán y parque temático Belén, explicó Róger Alvarado, exfiscal miembro de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
LA PRENSA solicitó la posición de la PGR al respecto a través de Divulgación y Prensa de la institución, pero no hubo respuesta.
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LA DENUNCIA CONTRA FIDEL MORENO
El escándalo sobre dichas inversiones surge a partir de la denuncia pública de Noemí del Carmen Pavón Gallard, exproveedora del Estado, quien construyó el parque temático Belén en el 2013, ubicado dentro del parque Luis Alfonso Velásquez, y que solo funcionó en diciembre de ese año.
Según la denunciante, Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua y secretario de la municipalidad capitalina, autorizó el pago de 51,750 dólares por el servicio de construcción del parque temático Belén enmascarado por un contrato denominado “Reparación de andenes en calles de barrios y avenidas de Managua, Quinto Componente Servicio de Mano de obra para reparación de andenes, construcciones menores, limpieza, tapas para cajas, acabados y bancas”.
Dicho contrato tiene fecha del 15 de noviembre del 2013 y está firmado por Moreno como cliente de NPG Multiservicios, empresa de la denunciante.
Además, Moreno firmó y autorizó un segundo contrato denominado Paseo Xolotlán “Contrato Construcción I Etapa”, el cual se levantó con fecha del 18 de noviembre y se emitió cheque por valor de 17,250 dólares, aunque en realidad el servicio que prestó Pavón fue ornamentación de dicho paseo ubicado en el Malecón de Managua.
EXPLICA EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN
“Sin perjuicio de la potestad del Ministerio Público de ejercer la acción penal, en los delitos menos graves, la víctima podrá ejercerla directamente ante el juzgado competente, sin necesidad de agotar la vía administrativa; entonces como la malversación es un delito menos grave, cuya pena va de dos a cinco años, la PGR (representante del Estado), por tanto la víctima, puede perfectamente acusar de forma directa”, explicó Alvarado, exfiscal miembro de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
En este caso, la Policía Nacional y el Ministerio Público brindarán facilidades a la víctima o a su representante para formular la acusación, dice el Código Penal de Nicaragua.
PGR puede ACTUAR POR DENUNCIA O DE OFICIO
Además, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, dice que una de sus funciones es realizar la averiguación previa de hechos revestidos de carácter penal, conocidos a través de denuncia o de oficio, por lo tanto no puede negar sus obligaciones, agregó Alvarado.
En el mismo sentido, el abogado penalista Álvaro García expresó que es deber de la Contraloría General de la República (CGR) y la PGR intervenir y hacer las auditorías necesarias en la Alcaldía de Managua, para determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas por la supuesta simulación de contratos y desvío de fondos públicos.
Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) aseguran que ante la falta de licitación para la construcción de altares en la Avenida Bolívar y la llamada Ciudad Belén, la CGR debería estar investigando dichas transacciones.
CONCEJO DEBE ACTUAR
Al conocer los pormenores de la denuncia de la exproveedora del Estado, Noemí Pavón Gallard, el experto en municipalismo, Silvio Prado, afirmó que el Concejo Municipal está facultado para citar a Moreno, con el fin de que rinda cuentas en una sesión; y asimismo a crear una comisión especial que investigue el caso a fondo.
“Primero hay que pedir una discusión plena (en el Concejo), poner sobre la mesa todos los papeles” y si se le encuentra responsabilidad “tendrían que pedir su destitución, por lo menos, por un mal manejo de los recursos de la comuna al autorizar el pago de 51,750 dólares a Pavón Gallard para una obra que ella no desarrolló”, dijo Prado.
Ante los señalamientos, LA PRENSA intentó comunicarse una vez más con la oficina de Relaciones Públicas de la municipalidad para insistir en obtener una reacción, pero no fue posible. Y no se ha podido contactar a Moreno de forma directa.
Para la abogada del Cenidh, Marjourie Rodríguez, este caso “evidencia la corrupción que se da”, y denota una malversación de fondos del Estado.
Con ella coincide el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, quien manifestó que a la CGR le corresponde investigar de lo contrario “se vuelve cómplice”.
INVERSIÓN EN ALTARES
A partir del 2010, el gobierno ha instalado cada año grandes altares a un costo de entre 10,000 y 30,000 dólares, de acuerdo al estimado que hizo Noemí Pavón en su momento y, que según el dato oficial proporcionado en 2014 por la misma primera dama Rosario Murillo, fueron levantados 58 altares de este tipo a lo largo de la Avenida Bolívar. Sin incluir el proyecto de Ciudad Belén que solo en 2013 tuvo un costo de 120,000 dólares.
Por tratarse de tanta plata invertida, los diputados de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, donde se denunció el caso, debieron tomar una actitud más transparente e investigar, dijo Marjourie Rodríguez, abogada del Cenidh.
La mayoría sandinista en la Comisión de Probidad bloqueó la investigación que pretendían iniciar los diputados del PLI sobre el caso.