La información de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sufre una aguda crisis financiera y tendrá que reducir drásticamente sus funciones, es una noticia buena para algunos y mala para muchos otros.
Es buena para los gobernantes violadores de los derechos humanos, pero es mala para sus víctimas y las organizaciones cívicas que las defienden.
Los gobiernos miembros de la OEA únicamente cubren el 6 por ciento del presupuesto de la CIDH. El resto de sus necesidades tiene que cubrirlos con aportaciones voluntarias que se han reducido bastante en los últimos tiempos. En contraste, el Consejo de Europa destina el 41 por ciento de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos.
La CIDH es un caso raro de alguien a quien se le castiga porque hace bien su trabajo. En realidad, la CIDH cumple su misión con eficacia porque es autónoma de la OEA, pero por eso mismo los gobiernos democráticos no dan mayor importancia a sus necesidades financieras mientras que los regímenes autoritarios la boicotean. Les molesta que no puedan controlarla y que tenga libertad para denunciar las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte que se cometan, inclusive en los Estados Unidos.
Los escépticos dicen que la CIDH es una especie de muro de los lamentos, porque no puede impedir ni castigar las violaciones a los derechos humanos. Pero la verdad es que su gestión siempre ha sido provechosa y en ocasiones hasta ha logrado salvar vidas humanas. Y aunque solo fuese una tarima para denunciar los atropellos a los derechos humanos, peor sería que estos quedaran en total impunidad, incluyendo la del silencio.
En Nicaragua la CIDH fue decisiva en 1978, cuando su denuncia de las violaciones de los derechos humanos que cometía la dictadura somocista resultó determinante para que la OEA declarara ilegítimo al gobierno de Anastasio Somoza Debayle y precipitara su caída.
La CIDH volvió a Nicaragua en 1981, para investigar en el terreno las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno sandinista. Algunos presos políticos pudieron recuperar su libertad, otros salvaron la vida y además quedó en evidencia que el poder revolucionario había ejecutado extrajudicialmente a exguardias nacionales encarcelados y otras personas acusadas de haber sido somocistas.
Actualmente se encuentran en trámite en la CIDH unos veinte casos de violaciones de la dictadura orteguista a los derechos humanos, los que podrían quedar suspendidos en perjuicio de las víctimas y para satisfacción de los gobernantes autoritarios. Y lo mismo sucederá en otros países de la región, a menos que los gobiernos democráticos de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, acudan en auxilio de la CIDH y ayuden de esa manera a las víctimas de los regímenes dictatoriales.