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Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República. LA PRENSA/ARCHIVO

Excontralor observa anomalías en supuesta simulación de contratos

Fidel Moreno, ordenó que se pagara supuestamente simulando contratos por obras que la contratada no ejecutó. El monto de la obra fue de 131,100 dólares.

El excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, analizó que podrían haberse cometido actos no ajustados a la ley en la Alcaldía de Managua, en el caso denunciado sobre el pago de obras en el parque temático Belén.

Según la exproveedora del Estado, Noemí Pavón Gallard, ella construyó el parque temático Belén en el 2013, obra que el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, ordenó que se pagara supuestamente simulando contratos por obras que la contratada no ejecutó. El monto de la obra fue de 131,100 dólares.

“CARÁCTER DOLOSO”

“En este caso puntual, donde a ella (a Pavón Gallard) dos contratos no se los pagan, se lo dan a otra persona, (luego) le inventan un servicio (para pagarle), claramente estamos hablando de un acto que es doloso y pueden tipificarse varios tipos penales. Ahí hay definitivamente una estafa (a la Alcaldía de Managua), es una simulación de carácter doloso, posiblemente estamos hablando también de malversación”, dijo Jarquín Anaya, quien como excontralor prefiere hablar de “presunción de responsabilidad penal”.

Jarquín Anaya calculó que en el caso de los altares, mencionados en la denuncia de Pavón Gallard, se estaría hablando de un gasto aproximado de 125,554 dólares en un evento de un mes de duración. “Es una cantidad bien grande”, dijo.

SILENCIO CÓMPLICE

El excontralor analiza que situaciones como la denunciada por Pavón Gallard son un reflejo de lo mal que los actuales funcionarios públicos están utilizando los recursos públicos, la falta de transparencia en la gestión pública, el no acceso a la información, el incumplimiento a la Ley de Contrataciones, pero también de que las instituciones a las que les corresponde investigar sobre este tema no están cumpliendo con el deber que les impone la Ley.

Jarquín Anaya habló especialmente sobre la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales. “Da la impresión que no se cumplió (la Ley 801). Esa es la impresión que da por la información que ha dado la señora Noemí y las indagaciones que ha hecho LA PRENSA y el silencio de las autoridades. El hecho de no cumplirlas puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente habría que ver el tipo penal, es muy aventurado adelantar que pudiera ser esto, pero definitivamente tiene que verse”, explicó.

Comentó que además de la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, que tiene un área de contrataciones públicas, también están una Comisión Nacional para atender las contrataciones municipales, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, que deberían investigar.

“ABANDONO DE RESPONSABILIDADES”

“Todos ellos debieran de actuar. Lo que da la impresión es que hay un abandono de responsabilidades, que las diferentes autoridades en estas entidades no están cumpliendo con sus funciones y esto afecta a los ciudadanos, porque no se está velando por el buen uso de los fondos públicos. Recordemos que los funcionarios son ejecutores de recursos que los ciudadanos ponen en sus manos para que los utilicen conforme a las competencias del cargo que la ley les define y que de eso tienen que rendir cuentas”, señaló Jarquín Anaya.

JARQUÍN ANAYA: “REALMENTE ESO ES UNA BARBARIDAD”

Por último, Jarquín Anaya lamentó que se haya utilizado las creencias del pueblo para un probable aprovechamiento económico.

“Hacer acciones contrarias a la ley, que tienen todos los visos de ser delictuosas, con temas que son muy sensibles al nicaragüense, los Nacimientos, la Purísima, eso más bien agrava y a la gente la debe de tener enardecida, sobre todo a los más necesitados. ¿Cómo manipular el sentimiento ciudadano en algo tan querido, tan sensible, como es el nacimiento de Jesús, el aspecto de la Purísima, un pueblo muy mariano, de las creencias bien arraigadas del pueblo, que deben ser sagradas, y utilizar eso para enriquecimiento ilícito, para malversaciones, para hurto, para corrupción…? Realmente eso es una barbaridad”, finalizó.

EN INSTITUCIONES PÚBLICAS NO ATENDIERON DENUNCIA

Antes de que la denuncia de Noemí Pavón Gallard por supuestos malos manejos con los recursos de la Alcaldía de Managua en la construcción de los altares y parques temáticos fuera publicada por LA PRENSA tocó varias puertas de instituciones, sin que ninguna se atreviera a indagar.

Los conflictos jurídicos derivados de los cobros de los altares llegaron a los Juzgados de Managua, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República.

La última institución a la que llegó la denuncia de Pavón, acompañada de centenares de folios documentados, fue a la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, el 2 de mayo de 2016, en la que los diputados del Frente Sandinista decidieron rechazar una solicitud para investigar la denuncia.

OÍDOS SORDOS

De acuerdo con la denunciante Noemí Pavón Gallard, las presuntas irregularidades del secretario general del Concejo Municipal de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, cometidas en 2013 y 2014, fueron denunciadas directamente ante la primera dama Rosario Murillo en dos ocasiones mediante correo electrónico: el 15 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2015.

Al presidente inconstitucional Daniel Ortega se le denunció dos veces mediante cartas que fueron recibidas en la Secretaría Nacional del Frente Sandinista los días 3 de noviembre de 2015 y 7 de marzo de 2016.

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