La alianza opositora Coalición Nacional por la Democracia (CND), ha enviado un mensaje abierto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el cual le da a conocer “los principales problemas que afectan el actual proceso electoral” de Nicaragua.
En su mensaje, la oposición nicaragüense pide o demanda al secretario general Almagro “actuar para que el pueblo nicaragüense pueda ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos en las próximas elecciones”.
Entre otros vicios del proceso electoral, la coalición opositora menciona que el padrón de electores está seriamente viciado y es utilizado por el partido oficialista para controlar e intimidar a los ciudadanos; el predominio ventajista del partido de gobierno en los organismos electorales; el uso y abuso de las instalaciones y personal del Estado para proselitismo político del partido oficialista; la utilización del poder judicial para despojar de su personalidad jurídica a algunos partidos de la oposición y para amenazar a otros con quitársela, incluyendo a la segunda fuerza política del país que es el Partido Liberal Independiente (PLI).
Al denunciar los abusos orteguistas que corrompen el proceso electoral, la coalición opositora le toma la palabra al secretario general de la OEA, quien ha dicho que “la justicia electoral es requisito para el buen funcionamiento de una democracia y para garantizar el más pleno respeto a los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de sus ciudadanos”. Almagro se expresó de esa manera en relación con Venezuela, pero la justicia electoral es un valor democrático universal que aplica o debe de aplicar también a Nicaragua y a cualquier otro país donde los procesos electorales son corrompidos por gobernantes abusivos.
El experto colombiano en derecho electoral, magistrado Augusto Hernández Becerra, define la corrupción electoral como “todo acto o procedimiento que atente contra el legítimo y libre ejercicio del derecho de sufragio, que por lo general se traduce en una alteración y adulteración de la auténtica voluntad de los electores y/o en un falseamiento de los resultados electorales”.
La definición de corrupción electoral calza perfectamente a Nicaragua, donde el derecho de sufragio de los ciudadanos ha sido pervertido por la arbitrariedad y la corrupción del poder electoral. De manera que es legítima la petición opositora al secretario general Almagro, de que en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana, del Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos), y de los Acuerdos de Esquipulas I y II, actúe prontamente en pro de que el derecho de elecciones libres, justas y limpias le sea devuelto al pueblo de Nicaragua.
La justicia electoral es válida tanto para Venezuela como para Nicaragua. Además, hay que prevenir ahora para no lamentar después, por lo tanto, el secretario de la OEA tiene la obligación de prestarle al mensaje de la oposición nicaragüense toda la importancia que tiene y merece.
