Tres meses después del inicio del año escolar, el 9 de mayo de 2016, en un inusual reclamo, el Ministerio de Educación responsabilizó a Alejandro Delgado, dueño de Calzado Alex Delgado Gutiérrez SA, de incumplir con la entrega de 604,733 pares de zapatos. En ese momento, le faltaban completar 155,014 pares para cumplir con el pedido. El relato oficial omitió algunos datos.
La revisión detallada de los documentos oficiales —de esa contratación, resolución ministerial y órdenes de compra en octubre de 2015— revelan que Delgado fue contratado por un monto de 7.18 millones de dólares. Mejor conocido por su papel al frente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), el empresario se desempeña como diputado suplente del FSLN en la Comisión de Turismo y Asuntos Exteriores, según la hoja electrónica de la Asamblea Nacional. Por tanto en su carácter de funcionario del Estado, tiene prohibido contratar en el sector público según el artículo 130 y 135 de la Constitución, pero su empresa firmó dos contratos en septiembre y octubre de 2015.
Según el artículo 135, a los legisladores se les prohíbe expresamente obtener concesión alguna del Estado, así como actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de estas con el sector público bajo la advertencia de que se anulan las ventajas obtenidas y se causa la pérdida de la representación.
“No puede hacerlo, la norma suprema se lo prohíbe taxativamente, no hay cómo equivocarse. El artículo 130, en el tercer párrafo, establece que las personas electas no pueden obtener concesiones del Estado y en este caso del Ministerio le otorgó concesión para elaboración de los zapatos. Le está vedado al diputado y también a los representantes del Mined, ellos tienen conocimiento de la ley y no pueden alegar el desconocimiento. Esa conducta encaja en un tipo penal”, explicó Róger Alvarado, exmiembro de la unidad anticorrupción Managua, en el período 2006-2014. El penalista Alvarado dijo que la conducta ejercida por Delgado puede ser sancionada, de aplicarse el Código Penal, con una pena de seis meses a dos años de prisión, según el artículo 432.
CURUL DEL FSLN
En su hoja electrónica la Asamblea Nacional explica que Delgado es legislador, suplente de Julia Mena, a quien la junta directiva le concedió un permiso para ejercer su cargo de alcaldesa de la ciudad de Granada, y por lo tanto él es quien ocupa la curul.
En el comunicado del Mined, el Gobierno lo llamó irresponsable y publicó la noticia en todos los medios oficialistas. “El Ministerio de Educación explica a las familias de los municipios pendientes, que este incumplimiento se debe a la irresponsabilidad del proveedor ‘Calzados Alex, SA’, de Alejandro Delgado Márquez, quien se comprometió a elaborar y entregar calzado nicaragüense y ahora sabemos que realiza sus compras en otros países, con lo cual no solo incumple, con los tiempos establecidos para la entrega, sino que afecta las expectativas de las pequeñas industrias del calzado de distintos departamentos del país”, dijo.
No es primera vez que un legislador del partido sandinista se ve involucrado en incumplimiento de contratos con el Ministerio de Educación como ocurrió en 2014 con Jasser Martínez, también del partido de gobierno, cuya empresa familiar no terminó la construcción de cinco escuelas en el norte del país. A lo largo de la administración de Daniel Ortega, que inició en 2007, las empresas familiares de destacados funcionarios públicos de la cúpula del FSLN han resultado beneficiadas en sus tratos con el Estado.
MODALIDAD SIMPLIFICADA
La resolución ministerial de la licitación “compra y distribución de zapatos escolares 2016” a favor de la empresa de Delgado fue firmada el 29 de octubre de 2015 por la titular de Educación, Miriam Raudez, por un monto de 198 millones 953,616.75 córdobas, el cual fue adjudicado efectivamente a la empresa Calzado Alex Delgado Gutiérrez. El compromiso era proveer un mes después: 123,373 pares para nivel preescolar, 2,300 para educación especial, 450 mil para primaria y 29,060 para secundaria.
El pago debía realizarse mediante transferencias a más tardar un mes después de entregado el pedido. Sin embargo, las órdenes de compra emitidas bajo el número 96168 fueron firmadas el 16 de diciembre de 2015 por la viceministra administrativa financiera del Mined, Haydée Francis Díaz Madriz. La entrega se haría en la bodega Gadala María, de la institución, en Managua.
Los documentos permiten conocer que el mecanismo bajo el cual fue seleccionado fue “contratación simplificada”, la cual evita cualquier tipo de licitación bajo el argumento permitido en la Ley de contrataciones de que se trata de una emergencia o el proveedor es el único que puede cumplir con la solicitud.
Delgado negó que hubiese firmado contrato alguno y el reclamo directo a su persona por el incumplimiento lo leyó como un error. “Yo no he hecho un contrato, son cosas que cualquiera que tenga un poco de inteligencia sabe que es prohibido. No se hizo. Alguien se equivocó, ellos se equivocaron, me decís que te diga la verdad, te la digo. Ellos tuvieron un malentendido y alguien escribió algo que no era”.
El diputado sandinista explicó que los atrasos se debieron por la entrega del producto, pues asegura que el paquete estaba en manos de cincuenta empresas nacionales, y uno de ellos falló pues entregó “con la calidad que no era”. Delgado dijo que debieron importar los zapatos desde Panamá para cumplir. Según él, al Mined le cumplieron el 7 de mayo —dos días antes de la nota de reclamo— y le “entregaron 3,400 pares de más por si tenían alguna problemática”.
OTRA EMPRESA FAMILIAR
Delgado nunca ha negado que sea el dueño de Calzado Alex Delgado Gutiérrez SA, en Granada. Distintos reportajes en los últimos años han relatado la historia familiar en el sector. En diciembre pasado, cuando ya sabía del contrato que ganó su empresa, en LA PRENSA dijo que el sector cuero esperaba que el Mined diera a hacer 600 mil pares de zapatos del llamado bono escolar y explicó que esperaban terminar con un crecimiento de su gremio del 8.5 por ciento.
El pequeño empresario exaltó el bienestar de las empresas participantes. “Las fábricas de zapatos crecen como las células. De mi taller han salido como cuarenta talleres más”, dijo entonces.
Según el registro de proveedores del Estado, el nombre comercial de calzado Alex Delgado Gutiérrez es “Alex Shoes”, una marca que fue inscrita en junio de 2007 ante el Estado por el legislador, conforme a La Gaceta número 103 de ese año. En la base de datos de la Cámara de Industria y Comercio, el diputado aparece como representante de esta compañía.
SECTOR PIERDE CREDIBILIDAD
Humberto Reyes, secretario de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado (CNCC), a la que se encuentran asociados 120 talleres en todo el país y que no se relacionan en nada con Delgado, dijo que el sector calzado a nivel nacional tiene capacidad para producir el número de zapatos que eran requeridos por el Mined y por eso lamenta el impacto en la credibilidad, tras lo ocurrido, que se produce en todos los que trabajan en este rubro.
“Nosotros siempre hemos presentado proyectos (al Estado) donde nosotros demostrábamos la capacidad de poder producir el calzado colegial en Nicaragua. Sin embargo, ya usted lo ha visto, por el hecho de ser funcionario, y porque es un empresario del calzado que está dentro del Gobierno, tuvo la suerte por decirlo así de que lo seleccionaran a él, para que él dirigiera la producción de ese calzado nacional. Sin embargo, se tiró a una aventura sin ninguna organización”, dijo Reyes.
Para Reyes, el diputado Delgado no se planteó un proyecto administrativo mediante el cual cualquier empresario se entera si puede o no cumplir con lo solicitado por las autoridades, y sospecha que los trajo finalmente de China.
Recordó que el diputado sandinista citó al principio a varias empresas del sector, las cuales le hicieron tres ofertas, pero los costos que ofreció pagar el legislador eran mucho menores que el costo de producción.
La situación del sector para algunos zapateros es crítica, explicó Reyes.
El representante de esta agrupación aseguró que están trabajando en temporada alta, que es diciembre, entrada a clases y fiestas patronales en agosto. En otra época del año se dedican a trabajar en albañilería, lo que salga, y en los casos más dramáticos se van fuera del país a buscar una mejor vida.
“Es una lucha de años de querer producir el calzado nacional como un apalancamiento de la situación crítica que pasa el sector en Nicaragua. Los talleres trabajan solo por temporada alta. En temporadas bajas muchos se ven obligados a cerrar”, lamentó Reyes.
Silencio gubernamental
Dos meses antes de la entrega del contrato, la cartera de Educación le adjudicó otro contrato a la empresa del diputado Alejandro Delgado. Esta vez fueron cinco millones 880,272 córdobas (213,810 dólares), que serían pagados por compra y distribución de zapatos para los niños de educación primaria en los municipios del Alto Wanki, Desembocadura del Río Grande, La Cruz del Río Grande, Corn Island, Bluefields, El Castillo y San Juan de Nicaragua. LA PRENSA escribió a Relaciones Públicas del Mined para consultarle sobre los contratos del legislador, pero no respondieron.
El capitalismo de “gavilla”
Las investigaciones periodísticas han informado desde 2007 sobre empresas familiares de funcionarios de Estado que han sido beneficiadas por el poder. Se trata de un sistema, que tiene que ser visto en su globalidad, algo que el excomandante sandinista Henry Ruiz llama “capitalismo de gavilla” de Daniel Ortega.
“Vos ves por todos lados esta mezcla de favoritismo para apropiarse de bienes y hacer riqueza. Hay tráfico con la gente. El FSLN ha agarrado la maña en que para aspirar para un cargo tenés que llevar una carta de recomendación, es el mismo giro político, no es distinto al otro. Si para tener un cargo público necesito una recomendación, si tengo una empresa, ¿qué necesito?”, preguntó Ruiz.
Para el excomandante, esta forma de administración pública responde al esquema general del capitalismo. “Lo que estamos viendo es una casuística del caso. Para mí Daniel Ortega es un conspicuo representante del neoliberalismo, para él no le es extraño que una persona interesada en un favor se lo den. Esa misma forma de actuar con la ley es también de gavilla, por ejemplo no es que esperemos de él que alguna vez respete la ley. Es su modus operandi, ha agarrado la Constitución, la ha desbaratado y la ha hecho a su antojo. Todo este tráfico de influencias para beneficios económicos es, me parece, una de las características típicas de este capitalismo”, añadió.
Entre alguno de los casos publicados en estos años que reflejan el vínculo familiar en los negocios de la cúpula sandinista están:
Tecnosa: Una de las empresas más conocidas del tesorero del partido sandinista, de Francisco López Centeno, está inscrita a nombre de sus hermanos, un conflicto de interés que no ha impedido que “ganen” contratos con el Estado, reciban préstamos de la cooperación venezolana o del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
El caso Roberto Rivas: El presidente del CSE electoral es dueño de valiosas propiedades en Costa Rica y de jets, pero legalmente están inscritos a nombres de sociedades presididas por miembros de su familia. En el caso de su mansión en Costa Rica, la sociedad se llama Chibilu del Oeste Sociedad Anónima. Es presidida por el funcionario, su esposa es secretaria y una de sus hijas es tesorera.
Emdeco: Una investigación de LA PRENSA demostró en 2014 que un hermano del legislador Jasser Martínez, Jenner Enrique Martínez Montoya, era socio de Emdeco, una sociedad que incumplió la construcción de cinco escuelas del Mined en la zona norte del país.
La cooperación venezolana: Nicaragua ha recibido más de tres mil millones de dólares de cooperación de ese país desde 2007. Según los medios oficialistas, el jefe en la estructura del Alba es el presidente Daniel Ortega y la coordinadora es la primera dama Rosario Murillo. El vicepresidente de Albanisa, ejecutora de los fondos, es Francisco López. El 51% de las acciones pertenece a PDVSA y el 49% a Petronic, donde el tesorero también es el presidente de esa institución. Katherine Argeñal es la gerente general de Petronic. Ella es esposa de Tino Ortega Murillo y Yadira Leets Marín es gerente de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), propietaria de una de las redes de gasolineras más grandes del país. En el caso de ella es esposa del hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael.
