El expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, uno de los autores de la reforma constitucional que en 1995 estableció la prohibición de contratar en el sector público a los funcionarios del Estado, calificó este lunes como “negligente” la actuación del Ministerio de Educación (Mined) en el caso del diputado Alejandro Delgado, empresario de calzado, a quien le confiaron la compra de zapatos escolares por 7.18 millones de dólares.
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El jurista y exdiputado José Pallais, en cambio, recordó que si la contratación se conoce es por el reclamo público del Mined al contratista, a quien la institución intentó trasladarle de esta forma la responsabilidad en la tardía entrega de los 600,000 zapatos escolares para los estudiantes.
El 9 de mayo de 2016, el Gobierno de Nicaragua calificó de “irresponsable” en una nota de prensa a Delgado, propietario de la empresa Calzado Alex Delgado Gutiérrez, por el incumplimiento en la entrega de un paquete de más de 600,000 pares de zapatos.
“Esta (el Mined) se rige por la Ley de Contrataciones del Estado, que es una ley de orden público, donde el Ministerio a su vez tiene que salvaguardar los intereses públicos y en este caso el patrimonio del mismo Estado”, dijo López.
El exlegislador aseguró que la Secretaría de la Asamblea Nacional estaría obligada a resolver en el caso concreto, si existiese una queja formal. Desde el punto de vista constitucional, López explicó que existe “incompatibilidad” entre las funciones del diputado y el contrato divulgado y recordó las prohibiciones del artículo 130 y 135 de la Carta Magna.
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Conocida más como una reforma constitucional que restó poderes al ejecutivo y prohibió la reelección presidencial para más de dos períodos y en gobiernos consecutivos, López recordó que fue en la reforma de 1995 con la que se estableció la prohibición en general a todos los funcionarios públicos en el artículo 130: “Los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior, no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de estas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo”.
“Se trataba de garantizar que los fondos públicos fueran utilizados con transparencia y honestidad”, agregó. El expresidente de la Asamblea dijo que en Nicaragua existe un doble rasero en cuanto al tema de la corrupción y dijo que pareciera que el ordenamiento jurídico es como la tela de la araña, en la que se pegan “los pequeños insectos y los grandes pasan de viaje”.
La adjudicación del contrato provocó molestias en la Cámara Nicaragüense de Cuero, Calzado, Marroquinería, Talabartería y Servicios Afines, cuyos representantes enviaron una carta al Mined, en la cual pidieron el viernes pasado que incluyeran a artesanos del calzado en futuras contrataciones.
Humberto Reyes, secretario de esta asociación, dijo a LA PRENSA que localmente hay capacidad para haber cumplido con el contrato y recalcó la falta de planificación de Delgado.
El exdiputado José Pallais analizó la queja del Mined, la que permitió conocer la contratación. “(El reclamo) lo hicieron sin pensar, me imagino que estaban poniendo algo más grave que el mero incumplimiento: un desacato de las normas constitucionales”, señaló.
Pallais se refirió a una práctica que se viene haciendo costumbre en el gobierno de Ortega, la de beneficiar a personas ligadas al partido de gobierno, cobijadas bajo la secretismo y la falta de transparencia.
“Aquí estamos ante un cruel capitalismo de compadres, no se juega bajo reglas de libre empresa, el beneficio es única y exclusivamente ligado al ejercicio del poder para enriquecer a quienes han rodeado a la pareja presidencial”, concluyó.
VIGENTE ARTÍCULO IMPIDE CONTRATACIÓN A FUNCIONARIO
En la actual Constitución Política de Nicaragua sigue vigente el artículo 135, que prohíbe contratar a diputados para negocios con instituciones del Estado: “Ningún diputado de la Asamblea Nacional puede obtener concesión alguna del Estado ni ser apoderado o gestor de empresas públicas, privadas o extranjeras en contrataciones de estas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación”.
El jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional, el diputado Edwin Castro, ni siquiera permitió que se le preguntara sobre el caso: “No atiendo consultas de LA PRENSA y menos telefónicamente”, dijo.
