En 2015 y en los primeros meses de 2016 “escalaron en número y en gravedad las violaciones de derechos humanos” en Nicaragua, al tiempo que se profundizó la impunidad, revela el informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentado este martes 31 de mayo.
Los derechos más lesionados fueron la seguridad jurídica, la integridad física , el acceso a la Justicia, las garantías del debido proceso, la libertad individual y la propiedad.
El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, considera que el deterioro de los derechos humanos de los nicaragüenses de alguna manera obedece “a un diseño político que se orienta a la permanencia de un gobierno autoritario”.
“Confirmamos cómo en reiteradas oportunidades el Gobierno —por medio de la Policía, el Ejército y las fuerzas paraestatales— se valió de la violencia ante la demanda de distintos sectores de la población”, expresó Ampié en su presentación del informe.
Él mismo menciona casos ocurridos el año pasado y que trascendieron a la opinión pública, como el violento desalojo en Mina El Limón y de Chichigalpa y de personas en contra del proyecto del Canal Interoceánico.
También en el informe el Cenidh señala que la violencia estatal fue la respuesta a otras demandas por la falta de transparencia electoral, el acceso a la Justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.
MUERTES VIOLENTAS
Las situaciones abordadas en el Informe incluyen la muerte violenta de 64 personas, incluidas de las fuerzas regulares que cayeron en el cumplimiento del deber. Recordó Ampié que la situación de violencia registrada el año pasado en el país destaca la vivida por las comunidades indígenas en el Caribe Norte y entre las muertes que están en impunidad, destaca el líder indígena de Yatama, Mario Leman, así como la violencia en el norte por grupos rearmados.
A esas muertes, dijo Ampié, hay que agregar los 53 femicidios ocurridos durante ese período, lo que eleva la cifra a 117 muertes violentas ocurridas en Nicaragua.
Las denuncias recabadas por el Cenidh el año pasado incluyeron casos de abuso por la Policía y el Ejército, muertes en las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, muertes por violencia política, operativos combinados de la Policía y el Ejército, entre otros.
“El debilitamiento institucional de la Policía ha afectado el profesionalismo, la imparcialidad y la apoliticidad de sus integrantes y el de la institución misma, que hoy se identifica abiertamente con símbolos partidarios, participa en actividades partidarias… y reprime a la ciudadanía que defiende sus derechos y a los opositores al régimen”, criticó Ampié.
Casos de anomalías en adopciones a niños por Mifamilia, otro tema que preocupa al Cenidh.@laprensa pic.twitter.com/vi3GzqF3WL
— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 31 de mayo de 2016
POLICÍA, LA MÁS DENUNCIADA
En el informe anual del Cenidh aparece la Policía Nacional como la institución más denunciada por incurrir en violaciones de derechos humanos.
De 1,481 denuncias recibidas el año pasado, 568 fueron en contra de la Policía Nacional. “En el 79 por ciento del total de los casos se confirmó la violación alegada”, sostuvo el director del Cenidh, Mauro Ampié. Otras autoridades denunciadas fueron los tribunales de Justicia, el Ministerio Público y el Ejército de Nicaragua.
TAMBIÉN PODER LEGISLATIVO
Otro de los señalamientos que hace el Cenidh en su informe fue el de un poder legislativo dominado por una amplia mayoría de diputados del partido de gobierno, que en general se limita a dar forma legal a las actuaciones de hecho del presidente inconstitucional Daniel Ortega. Y refiere que “la más polémica de las leyes aprobadas en 2015 fue sin duda la Ley de Seguridad Soberana”, con la cual, según el Cenidh, con dicha Ley “se desnaturalizó al Ejército, dotándole de un rol de espionaje que interviene en la cotidianeidad de la vida social”.
