El Gobierno autorizó, a través de un acuerdo presidencial, al Banco Central de Nicaragua para que suscriba con las agencias calificadoras de riesgo “los contratos necesarios” para que se brinde al país el servicio de calificación de instrumentos de deuda.
Según el acuerdo 143-2016, publicado el pasado 9 de junio en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, esta autorización forma parte de “la estrategia para fortalecer la relación con agencias calificadoras de riesgo y mejorar la calificación de riesgo crediticio soberano de Nicaragua”, mediante la que se busca mejorar la nota de deuda de Nicaragua “a fin de reducir los costos del financiamiento del sector público y privado nicaragüense”.
Además el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribir con el BCN un convenio “interinstitucional”, en el cual se establezcan los deberes y obligaciones, así como los mecanismos para el cumplimiento de los acuerdos que se suscriban con las agencias de riesgo.
Hasta mediados del año pasado Moody’s Investors Service, que en julio mejoró la calificación a Nicaragua (B2), evaluaba la economía local, pero lo hacía sin ser contratada por el Gobierno. Luego el 17 de diciembre, Fitch Rating, comenzó a calificar al país y le asignó B+ con perspectiva estable; y finalmente en febrero de este año, Standard & Poor’s también por primera vez emitió una nota al país, asignando la misma nota de Fitch.
REVISIÓN ANTICIPADA
Generalmente estas agencias emiten sus calificaciones cada año, pero según el exministro de Hacienda y Crédito Público y expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, ahora que se contraten el Gobierno podrá pedir la revisión cuando sea necesario.
“Los países pueden pedir una calificación y contratar los servicios (de calificadoras), es lo que se estila, es lo que se hace como norma. Por tanto creo que estamos pasando a una nueva etapa como resultado de la consultoría con Lazard (Frères), una empresa asesora que se contrató, se han preparado las bases de datos, la información, los equipos, para tener una interlocución más apropiada, más preparada y enfrentarse ya a las calificadoras y contratadas por el Gobierno mismo”, explica el exfuncionario público.
¿Quién asumirá los costos? Según el acuerdo presidencial, la calificación que se emita al Banco Central de Nicaragua tendrá que ser asumida por esta misma institución, pero bajo la calificación específica de los instrumentos de deuda al Gobierno, es decir, que pasaría al Presupuesto General de la República de Nicaragua.
En este sentido, Arana explica que, según tenía entendido, para cubrir este costo se conseguiría cooperación financiera externa. “En todo caso no son cantidades exorbitantes. Sí hay que pagar por ellas y presupuestarlo. Es más el beneficio que el costo”, enfatiza.
Arana aclara que el hecho de que el país contrate a las agencias calificadoras no significa que estas se convertirán en asesoras económicas, sino que solamente darán una nota a la economía.
EXAMEN EXHAUSTIVO
Una vez que se contrate a las calificadoras, Mario Arana dijo que los exámenes que se apliquen a la economía podrían “ser más exhaustivos que los que se venían haciendo con anterioridad”. El objetivo detrás de todo este proceso de contratación de la calificadora y obtener mejores calificaciones derivarían del interés de “presentar a Nicaragua a los mercados (financieros) internacionales con calificaciones contratadas por el país, hecho a profundidad por estas calificadoras”.
La ventaja es que ahora estas agencias tendrían mayor facilidad de obtener información económica, como resultado del interés del Gobierno de que se mejore la nota y ya ha habido esfuerzos previos de preparación de la información, precisa Arana.
¿SALVAVIDAS?
El asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, ha dejado entrever en reiteradas ocasiones que en caso de que el Gobierno requiera obtener flujos financieros para cubrir cualquier desajuste que pueda provocar la reducción de la cooperación procedente de Venezuela ya están creando las condiciones para salir a los mercados internacionales en busca de financiamiento. No obstante, algunos economistas han recomendado prudencia con este mecanismo, para evitar que la economía caiga en una espiral de endeudamiento insostenible.