La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre las medidas ejecutivas de Barack Obama ha dejado al presidente con un legado mínimo en inmigración, casi limitado a su amparo para los jóvenes “soñadores” y manchado por el récord de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante su mandato.
Tras conocerse este jueves el empate de los jueces del Supremo sobre las medidas de Obama para frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, el mandatario admitió que ya no tiene más margen de maniobra para regular por su cuenta el sistema migratorio y pasó la pelota al próximo presidente y el próximo Congreso.
“He llegado al límite de mi capacidad ejecutiva. Ahora necesitamos que el Congreso actúe”, explicó Obama en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.
Así, Obama reconocía que durante los siete meses que le quedan en el poder no podrá implementar el alivio a la deportación que había prometido en sus medidas ejecutivas y dejaba claro que el problema migratorio solo podrá resolverse a partir de las elecciones.
Obama ve así truncada su esperanza de tener un legado notable en inmigración, algo en lo que se ha esforzado a lo largo de sus dos mandatos y que muchos atribuyen a la inacción del Congreso, pero que sigue dejando en su expediente la mancha de haber deportado a más indocumentados que ningún otro presidente de EE.UU.
El “deportador en jefe” —como le definió en 2014 la presidenta de la mayor organización hispana del país, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Janet Murguía— ha expulsado de EE.UU. a más de 2.5 millones de personas desde que llegó al poder en 2009, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Mayoría de deportados, centroamericanos
Las redadas de este año para deportar a decenas de inmigrantes indocumentados, la mayoría familias centroamericanas que llegaron al país a partir de 2014, han irritado también a muchos legisladores demócratas y grupos defensores de los derechos de los migrantes.
“El historial del presidente en cuanto a deportaciones es una decepción para los activistas de inmigración”, dijo Michelle Mittelstadt, experta del Instituto de Política Migratoria (MPI).
No obstante, admitió que “como presidente tiene que aplicar las leyes aprobadas” y que, en 2011, su administración ajustó sus prioridades al respecto para centrar la mayoría de las deportaciones de indocumentados “en los criminales, aquellos que podían amenazar la seguridad pública y los que habían entrado hace poco” al país.