Custodiado por al menos 10 policías nicaragüenses armados con AK 47, fue entregada la buseta en el puente El Guasaule a dos de los seis ambientalistas miembros de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir, que fueron expulsados de Nicaragua el lunes 27 de junio, tras dos días de detención en Migración.
Según un comunicado emitido por los seis ambientalistas, la buseta, que ellos denominan “laboratorio ambulante“, fue entregado sin freno de mano, con los tacos de freno quemados, con dos choques, el timón desarticulado, el protector del timón roto y el triplay de la parte de la parrilla superior dañado.
Además, las ecotecnologías entregadas se encuentran rotas, tampoco se les devolvió los papeles oficiales del vehículo, entre estos están: la factura original, licencias, tarjeta de circulación, carta poder y otros documentos de pagos de impuestos.
En el comunicado, los ambientalistas reclaman todos las pertenencias, objetos y herramientas que les hacen falta.
Los ambientalistas señalan que los chips y memorias de los celulares del mexicano Salvador Tenorio y del español Daniel Espinosa Giménez Cacho “fueron confiscados por los agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería: Miguel De la Llana, Samuel Bonilla, Luis, Anabelle y el chofer (cuyo nombre no registramos)”, dice el comunicado.
El comunicado con el listado completo de los objetos faltantes y daños causados a la buseta se puede encontrar en el Blog de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS
A través de seis puntos, el Grupo Cocibolca (integrado por ocho organizaciones ambientalistas y de sociedad civil) expone su preocupación por la expulsión de seis ambientalistas miembros de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir y la detención momentánea de cuatro líderes anticanal.
El Grupo Cocibolca afirma que en todo el país y en la zona de la ruta del Canal en particular, “se está asistiendo a una criminalización de las protestas de los pobladores afectados en sus derechos por los abusos reiterados y manifiestos a su libertad de movilización y opinión. en particular de las protestas relacionadas con conflictos socio-ambientales (minería, Canal)”.
En el pronunciamiento emitido por el Grupo Cocibolca, los ambientalistas plantean que “en cuanto a la investigación científica relacionada con el proyecto del Canal, han habido intentos claros para impedir la realización de investigaciones cuando las mismas pueden brindar conclusiones críticas hacia el proyecto. Esto es un intento claro por mantener a la comunidad nacional e internacional desinformada, ocultando de manera dolosa, información relacionada con un proyecto que puede poner en riesgo el patrimonio nacional y el futuro de todos los nicaragüenses”.
