La organización Freedom House, que aboga por la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, emitió una declaración en la que respalda el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, HR5708, (Ley de condicionalidad a las inversiones en Nicaragua), presentada a inicios de la semana ante la Cámara de Representantes por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana), y Albio Sires (demócrata).
Mark P. Lagon, presidente de Freedom House, dijo que esa organizacion aplaude la iniciativa de los congresistas Ros-Lehtinen y Sires, por su liderazgo en apoyar la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, al tiempo que urgió al Congreso aprobar esa Ley, al considerar que esa legislación contribuiría a que hayan reformas en la nación centroamericana, gobernada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
El proyecto de Ley cuenta con apoyo bipartidista y es copatrocinado además de Ros-Lehtinen y Sires por otros ocho congresistas.
La iniciativa tiene como finalidad aprobar una legislación para que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de todos los préstamos que realice el Gobierno de Nicaragua ante instituciones financieras internacionales.
La medida es consecuencia a las “acciones antidemocráticas” del presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, justifica la Ley.
Esas acciones se traducen en la falta de elecciones libres, justas y transparentes y la reciente expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses en las últimas semanas.
De ser aprobada la Ley, que entró a la Cámara de Representantes con un importante respaldo, sería un golpe para el régimen sandinista. Estados Unidos tiene un peso decisivo ante organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, para la aprobación de préstamos.
Logon declaró que el El gobierno del presidente Ortega restringe los derechos básicos de los nicaragüenses, limita el trabajo de los medios de comunicación y de la oposición política nicaragüense.
A su juicio el proyecto ya conocido como la Ley Nica contribuiría a que el régimen haga reformas en el país como la celebración de elecciones libres y justas, promover la democracia, fortalecer el estado de derecho y el respeto del derecho a la libertad de asociación y expresión, y que “permita una misión de observación electoral para ser enviada a Nicaragua en 2016 y 2017, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos”, preciso el presidente de Freedom House.
Freedom House es una organización de vigilancia independiente que apoya el cambio democrático, supervisa el estado de la libertad en todo el mundo, y aboga por la democracia y los derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua expulsó en febrero de este año al director de Freedom House, Carlos Ponce, cuando visitaba el país para reunirse con organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y de la sociedad civil.
