Daniel Ortega está consiguiendo su extraño propósito de deteriorar las relaciones de su gobierno con los Estados Unidos (EE.UU.) y perjudicar de esa manera los intereses nacionales. Así lo confirma la iniciativa de ley de diez congresistas estadounidenses de ambos partidos, con el objetivo de condicionar las inversiones en Nicaragua.
La iniciativa bipartidista de los congresistas, titulada Ley de Condicionalidad para las Inversiones en Nicaragua (Nica, por su sigla en inglés), pretende ordenar al presidente de EE.UU. “que instruya a los directores ejecutivos estadounidenses y cada institución financiera para que usen su voz, voto e influencias en oposición a cualquier préstamo para el régimen nicaragüense”.
Antes de que se conociera esta iniciativa de ley, el gobierno de EE.UU. había reaccionado con un poco de energía a la expulsión de dos funcionarios de aduanas y un investigador científico, por parte del régimen de Daniel Ortega, advirtiendo que podría tener consecuencias en las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos estadounidenses que viajen a Nicaragua sobre los riesgos que pueden correr en este país.
Uno de los estadounidenses expulsados, el investigador científico Evan Ellis, publicó un artículo de opinión en el cual relata los pormenores del agravio que sufrió y exhorta a su gobierno a “trabajar con aliados en la región para imponerle costos al liderazgo sandinista por las acciones que socavan la democracia en el país, tales como negar la presencia de observadores del gobierno de EE.UU. y el Centro Carter en las elecciones de noviembre 2016. Es ahora el momento para prevenir que Nicaragua degenere en otro régimen autoritario al estilo de Venezuela, antes de que las organizaciones de sociedad civil queden anuladas, y antes de que las instituciones de gobierno queden completamente al servicio de los sandinistas”, advirtió Ellis.
Por otra parte, quienes conocen el engorroso proceso legislativo de EE.UU. y su política doméstica y exterior, consideran que es muy difícil que la Ley Nica pueda ser aprobada, menos en este año. Sin embargo, que sea una propuesta respaldada por congresistas de los dos partidos que comparten el poder político en EE.UU., es un reflejo de que las relaciones de ese país con Nicaragua se están deteriorando, y no por culpa de la parte estadounidense sino por el aventurerismo del régimen orteguista.
EE.UU. es el principal socio comercial de Nicaragua, el más importante inversionista y la mayor fuente de las remesas familiares que estabilizan la precaria economía nicaragüense. Por otra parte, el Gobierno de EE.UU. ha mantenido una buena relación y cooperación con Nicaragua, obviando la ideología y la retórica política trasnochada de Daniel Ortega.
¿Por qué, entonces, Ortega quiere deteriorar esas relaciones que hasta ahora han sido normales y provechosas para su mismo gobierno? Algunos creen que solo es un error político coyuntural. Otros consideran que es una medida de radicalización del régimen orteguista que Ortega llama segunda etapa de la revolución sandinista. Pero como quiera que sea, se trata de una torpeza política que puede tener graves consecuencias para Nicaragua.
