El Gobierno anunció por medio del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que la nueva reducción en la tarifa eléctrica será solo de uno por ciento. Eso no fue una novedad, porque ya lo había adelantado el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, quien inclusive cuantificó en dinero la rebaja del uno por ciento y aseguró que el beneficio sería de 6 millones de dólares.
Según el INE, esta rebaja es posible porque en los últimos dos años el país ahorró 221.7 millones de dólares en la compra de energía, gracias a la caída en los precios del petróleo. De ese ahorro “se ha destinado 102 millones de dólares a la reducción de la tarifa y 119.7 millones de dólares a obras sociales y pago de la deuda del Estado para subsidiar a casi 758 mil familias que consumen menos de 150 kilovatios por hora”.
Se asegura también que el uno por ciento de reducción en la tarifa eléctrica reducirá la presión sobre los costos de las empresas, que beneficiará a los consumidores domiciliares de energía no subsidiados y hasta tendrá un impacto positivo en el precio de la canasta básica. Los funcionarios orteguistas hacen las alegres cuentas del gran capitán, como en la anécdota histórica española.
Sin duda que —como lo dijimos en abril pasado, cuando se aplicó la anterior rebaja en el mismo mínimo porcentaje—, uno por ciento es mejor que nada. Peor sería que en vez de rebajar ese ínfimo porcentaje el Gobierno aumentara la tarifa eléctrica, como se podría esperar de quienes han hecho del negocio de la energía su principal fuente de enriquecimiento particular y familiar.
Pero así como hay quienes celebran la rebaja del uno por ciento también hay quienes la critican. Muchos esperaban que la rebaja fuese más significativa, ya que el peso de la tarifa eléctrica es muy oneroso para el consumo doméstico de las capas medias y para las actividades de la inmensa cantidad de empresas grandes, medianas, pequeñas y micros.
En un estudio de LA PRENSA publicado a mediados de mayo pasado, basado en datos oficiales y fuentes autorizadas, se demostró que el consumo domiciliar de energía en Nicaragua, arriba de los 300 kilovatios, es el más caro de Centroamérica y lo mismo ocurre con el consumo eléctrico industrial y comercial.
Los expertos en la materia energética consideran que si no fuese por el pago de la deuda por el subsidio a los hogares de bajo consumo eléctrico, y el financiamiento de los programas populistas del Gobierno, la rebaja de la tarifa podría ser de hasta 40 por ciento. Pero aún con esos gastos, la reducción de la tarifa podría ser mucho más que el uno por ciento, de no ser por la ineficiencia y la corrupción gubernamental; y sobre todo porque el interés económico particular del grupo gubernamental está en todos los eslabones de la cadena energética y “evita que el consumidor pague una tarifa justa”, según explica el diputado opositor Carlos Langrand.
En realidad, es fácil suponer que si en Nicaragua hubiese un gobierno democrático y ecuánime las tarifas eléctricas estarían, cuando menos, en el mismo nivel de los demás países centroamericanos.
