La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) instó a la región a luchar contra la evasión fiscal, principalmente a la asociada a la manipulación de precios del comercio internacional de bienes, el que tiene un alto costo financiero para los gobiernos.
Con datos de 2013, según la Cepal Nicaragua perdió 262 millones de dólares ese año, equivalentes al 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, la sexta tasa porcentual más alta a nivel de América Latina y el Caribe.
Cuando estos flujos financieros ilícitos se miden como proporción del PIB de cada país, varias economías centroamericanas destacan entre las de mayor magnitud. Sobresale Costa Rica, con un 15 por ciento del PIB, pero estas corrientes ilícitas también son significativas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con valores cercanos o superiores al 2.5 por ciento del PIB. En Guyana y México, las salidas ilícitas de capital representaron el 5.3 por ciento y el 3.8 por ciento del PIB en 2013, respectivamente, precisa el organismo en su informe anual sobre la economía del hemisferio, que recoge las perspectivas 2016.
En los casos de Costa Rica y México su elevada inserción a cadenas mundiales de valores como la producción de semiconductores, máquinas eléctricas y vehículos motorizados, donde hay alta presencia de multinacionales, ha propiciado que haya elevado flujo financiero ilícito circulando en sus economías.
Este aumento en los flujos ilícitos se ha visto fuertemente marcado en la última década, el que registra un crecimiento medio anual del nueve por ciento, lo que implicó que América Latina y el Caribe perdieran unos 765 mil millones de dólares en el periodo 2004 y 2013. “Dos tercios se debe a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones”, señala la Cepal.
Solo en 2013 las salidas ilícitas de dinero en el hemisferio se ubicaron en 101,600 millones de dólares. Esto a pesar que en los últimos años varios países en la región han hecho esfuerzos para implementar regulaciones en los precios de transferencia, un mecanismo de control fiscal que Nicaragua espera desarrollar a partir de mediados del próximo año.
DIFÍCIL EN NICARAGUA
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Róger Arteaga, dijo que dada la marcada ineficiencia en el Fisco de Nicaragua, duda que la aplicación de la regulación de los precios de transferencia tenga éxito en el país.
“Si no han podido manejar cosas tan simples como es la ampliación de la base tributaria, menos que puedan manejar los precios de transferencia, menos que puedan manejar el asunto de los casinos, todo esto se resume en ineficiencia”, sentenció Arteaga.
El exfuncionario recordó que desde 2007, cuando culminó su mandato de cinco años al frente de esta entidad, la actual administración despidió al cuerpo técnico que durante años se había preparado para aplicar los precios de transferencia.
“Para eso necesitás tener gente muy actualizada y especializada, los precios de transferencia es la administración fiscal más cara que hay”, señala.
ELEVADA EVASIÓN DEL IVA
Nicaragua también debe trabajar para combatir la evasión en el pago del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta al tener los niveles más altos a nivel de América Latina y el Caribe.
“La evasión del IVA sigue siendo significativa y muestra niveles que van de alrededor de un 20 por ciento en la Argentina, Chile, Colombia, el Ecuador y México, a casi un 40 por ciento en Guatemala y Nicaragua”, señala la Cepal.
Al tiempo que indica que desde el 2008 la evasión del pago en el IVA se ha aumentado en algunos países.
“Lograr mayores avances en el combate de la evasión requiere de cambios administrativos y, sobre todo, de mejoras de los factores estructurales, dados los elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes”, sostiene.
Según la Cepal, en promedio los países de América Latina pierden más del 50 por ciento de sus ingresos por concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas.