Con la destitución de los diputados opositores en la Asamblea Nacional se cerró el último espacio donde se criticaba desde un poder del Estado las decisiones del régimen de Daniel Ortega.
Dieciséis diputados propietarios y 12 suplentes fueron destituidos por no reconocer la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en junio le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre y se la otorgó a Pedro Reyes.
El PLI que encabezaba Montealegre participó en las elecciones generales de 2011, en las que, a pesar de que fueron cuestionadas por su falta de transparencia, ese partido obtuvo casi 779 mil votos, o sea, 31 por ciento de la votación.
Las decisiones que desde junio vienen tomando la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, todos bajo el control de Ortega, en esencia eliminan la voluntad a favor de esos diputados expresada en las urnas por esos 779 mil nicaragüenses.
ARGUMENTO: “PREVENIR TRANSFUGUISMO”
Los opositores dejaron claro que Pedro Reyes, presidente del PLI, fue utilizado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para cumplir su interés de controlar totalmente la Asamblea Nacional, única institución donde se mantenían las voces críticas de los diputados opositores.
La destitución se hizo efectiva este viernes, cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional —controlada por los sandinistas—, acató la resolución del CSE, bajo el argumento de “prevenir el transfuguismo político”, porque los diputados que fueron destituidos “estaban en desacato” a las órdenes del presidente de su partido.
“Nosotros entendemos que el presidente del PLI convocó en reiteradas ocasiones a los diputados para sumarse al PLI, (pero) hubo un desacato y lógicamente como el Consejo Supremo Electoral es el paraguas que globaliza y da atención al comportamiento de los partidos políticos, porque ellos (los partidos) allí envían sus estatutos, entonces con base en los estatutos del PLI y la petición que hace el presidente del PLI y lo que está establecido en la Constitución, así procede (el CSE)”, manifestó Iris Montenegro, presidenta en funciones de la Asamblea Nacional.
Con esta explicación Montenegro también contestó al contraste que implican estas destituciones con lo que dijeron los magistrados del CSJ, de que los diputados podían terminar su período, que finalizaba en enero de 2017, aunque la sentencia 299 anuló la inscripción del PLI en las elecciones de 2011, cuando fueron electos diputados.
ASUMEN SUPLENTES
Los destituidos serán reemplazados por diputados suplentes y en los casos de los suplentes que también fueron destituidos, entonces los escaños serán asumidos por los suplentes de los diputados del PLI que se mantienen.
Eliseo Núñez Morales, uno de los suplentes destituidos, explicó que lo que hicieron es asignar a los suplentes sin corresponder a sus propietarios.
FIN AL PLURIPARTIDISMO
Enrique Sáenz, también destituido, recordó que desde que Ortega regresó al poder en 2007 dejó claro su rechazo al sistema pluripartidista y su inclinación por un “partido único”.
Según Sáenz, las reformas constitucionales y otra serie de reformas han venido en la línea de concentrar poder en el Ejecutivo y eliminar a sus opositores políticos.
“Esa concepción política totalitaria la ha venido implementado paso a paso con fraudes electorales, modificando el Código Militar, modificando la Ley de la Policía, apoderándose de la totalidad de los poderes del Estado y ahora demoliendo el último bastión de institucionalidad que quedaba en el país”, manifestó Sáenz en referencia a la Asamblea Nacional.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitió un comunicado en reacción a la destituciones, donde destacó la naturaleza pluripartidista del Estado de Nicaragua.
COSEP: EL PLURALISMO POLÍTICO ES CONSTITUCIONAL
“La Carta Magna ha establecido como uno de sus principios estructuradores el pluralismo político, el cual nos otorga el derecho constitucional a los ciudadanos de podernos organizar o afiliarnos a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder; siendo una responsabilidad del Estado y sus instituciones promover su fortalecimiento como un asunto prioritario para la democracia”, manifiesta el comunicado del Cosep.
El Cosep valora que los hechos ocurridos “debilitan la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”.
“Resulta imperioso y urgente que nos propongamos y dispongamos a la brevedad establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país, siendo responsabilidad del partido de gobierno y los partidos políticos adoptar decisiones que garanticen la estabilidad política, económica y social del país”, agrega el comunicado.
NO PUEDE LLEGAR A ASAMBLEA
La presidenta en funciones de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, dijo que los destituidos nada tienen que llegar a hacer a la Asamblea Nacional si ya no son diputados.El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios intentó ingresar al complejo de la Asamblea este viernes en la mañana, pero los oficiales de la Policía Nacional le dijeron que no había acceso. Chamorro intentará ingresar nuevamente el próximo martes 2 de agosto, cuando regresen del receso legislativo.
AMCHAM Y COSEP PREOCUPADOS
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitieron sendos comunicados en reacción a destitución de los diputados.
Amcham lamentó la decisión del Consejo Supremo Electoral y de la junta directiva de la Asamblea Nacional de despojar de su condición de diputados a los representantes electos por la voluntad popular y expresó que esto “profundiza la crisis política e incertidumbre que vive el país”. También manifestó que “viene a afectar el clima de negocios que necesitamos para la promoción de las inversiones y la generación de nuevos empleos”.