En la madrugada del 11 de febrero del 2015 la familia Delgado Trujillo dormía plácidamente en la finca que los patriarcas Pedro Delgado Trujillo y Manuel Delgado Trujillo habían cuidado por setenta años. Según el relato de los ancianos, se despertaron por el ruido de la puerta destrozada a golpes por un miembro de las fuerzas antimotines de la Policía Nacional que formaba parte de una brigada de 30 que llegaron a desalojar a los hijos, nueras y nietos de los dos señores.
La historia es relatada, con la ayuda de sus hijos, por Manuel Delgado Trujillo, un anciano de 92 años de edad. Lúcido, Manuel cuenta a paso lento cómo esa madrugada inició el calvario de su familia por lograr que las autoridades reconozcan su derecho como propietarios de una finca de 117 manzanas, ubicada en la comarca San Isidro de Bolas, Managua, y en donde actualmente se levanta el nuevo edificio de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP).
Su hermano, Pedro Delgado Trujillo, no puede unirse a la conversación. Según su familia, la tensión del desalojo y los posteriores problemas que han tenido con las autoridades le provocaron un derrame cerebral que le impide hablar con claridad. El solo observa el relato de su hermano y sus nietos, mientras llora.
LA PRENSA realizó consultas por escrito tanto a la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional y la misma instancia de la Procuraduría General de la República (PRG), sobre la denuncia de la familia Delgado Trujillo. Sin embargo, en ninguna de las instituciones públicas atendieron los pedidos de información de este diario.
PGR DECLARÓ UTILIDAD PÚBLICA
Todo comenzó cuando el 19 de enero del 2015 la Procuraduría emitió un acuerdo de declaración de utilidad pública de 105,187.780 metros cuadrados (equivalente a unas 15 manzanas) publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado. La propiedad en cuestión, según el acuerdo de la Procuraduría, está ubicada en la comarca San Isidro Libertador, en el Distrito III de la capital.
La publicación de la PGR destaca como principales afectados por la declaratoria de utilidad pública a la señora Teodora del Carmen Delgado Mendoza (hija de don Manuel Delgado Trujillo) y su esposo Carlos Roberto Aguilera Paguagua. A nombre de estos es que se encuentra la propiedad en la que estaban alojados los señores Delgado Trujillo y su familia.
La declaratoria de la PGR estableció como unidad ejecutora de la expropiación y la adquisición de la propiedad al desarrollador del proyecto: el Ministerio de Gobernación.
Cuenta don Manuel que la propiedad completa está conformada por las fincas San Lorenzo y Rancho Sánchez. “Llegaron los de la Policía a las 3:00 de la mañana para sacarnos de ahí, a empujones, porque venían camiones y unos tractores. Me botaron la puerta. Tengo 75 años de estar en esta finca desde que nos fue entregada. Ahí teníamos a nuestros animales y sembrábamos, que era con lo que nos defendíamos”, relata don Manuel.
“COMO SI TUVIERA PISTOLA EN LA CABEZA”
La primera negociación fue con Félix Antonio Delgado Mendoza, hijo de don Manuel Delgado Trujillo y hermano de Teodora del Carmen Delgado. Según nos cuenta Félix, la negociación con la PGR fue inicialmente por 15 manzanas. En estas manzanas se encontraba la casa de Félix, quien describe la negociación “como si me tuvieran con una pistola en la cabeza”.
“Cuando ellos llegaron lo primero que hicieron fue sacarnos (de la propiedad). Nos metieron como 50 antimotines y nos dijeron que los documentos de la propiedad que teníamos eran falsos y nos presionaron para que nos fuéramos. Nos sentíamos como secuestrados. Teníamos que entrar adonde nos fuimos mostrando la cédula. Salir enseñando la cédula. Si alguien quería visitarnos, tenían que estar en la lista que ellos tenían. Si no, no los dejaban entrar, tenías que salir para platicar con la gente ahí en un portón”, dijo Félix.
“Ahí fue donde apareció Howard Roque Castillo, quien me dijo que venía de parte del comandante Daniel Ortega a decir que les diera las tierras, que me iba a dar una casa, que me iban a dar una mejor vida a mí y a mi familia. Yo le dije dale pues, si solo vas a ocupar 15 manzanas, y me dijo ‘dale viaje’. La idea era que yo me quedará ahí en mi casa, pero luego alguien le dijo (a Howard Roque) que no me podía quedar ahí. Entonces yo les dije que le vendía la casa y las 15 manzanas por 60 mil dólares, pero que reconociera a mi papá y mi tío la propiedad de las tierras, porque él insistía en que los documentos eran falsos y yo no los podía dejar en el aire”, añadió.
Howard Roque Castillo es funcionario de la PGR. Según el escalafón oficial de la institución, su cargo es de asesor legal. Sin embargo, ya ha sido mencionado en otros casos de expropiación forzada, como el ocurrido con la familia Martínez con las tierras en donde existía el basurero La Chureca.
En la consulta presentada por LA PRENSA, y que no fue respondida por la PGR, se mencionaba como parte de nuestra consulta una solicitud para hablar con Roque Castillo en relación con las denuncias de la familia Delgado Trujillo.
Roque Castillo le habría prometido a Félix Antonio Delgado Mendoza que luego de acordar la venta de la propiedad el “comandante Ortega” les compraría el resto de las tierras a su padre y tío.
Con esa promesa y el visto bueno de su padre y tío, Félix decidió vender en 60 mil dólares 15 manzanas de la propiedad y su casa. LA PRENSA tiene en su poder una certificación firmada por el mismo procurador general Hernán Estrada, emitida el 13 de febrero del año pasado, ordenando el pago del monto, dos días después de que la familia Delgado Trujillo fuese desalojada por la Policía Nacional.
PAGARON CON CHEQUE DE CARUNA
Dicha certificación, emitida por el procurador Estrada, solo cita la entrega del dinero a Félix Antonio Delgado Mendoza, sin explicar en concepto de qué gestión. Y revela que el cheque para pagarle fue girado el mismo 11 de febrero, día del incidente con la Policía Nacional.
El cheque, cuya copia está en poder de LA PRENSA, revela algo curioso: pese a ser un pago por parte del Estado de Nicaragua por el terreno, el dinero entregado a Félix Antonio Delgado Mendoza es girado por la Caja Rural Nacional (Caruna), la cooperativa por la cual se canalizan los recursos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela.
“Nunca entendí por qué salía Caruna en esa transacción, a mí igual me llamó la atención eso, pero no insistí en preguntar porque lo que yo quería era que me pagaran por la casa y dejar en claro el caso de mi papá y mi tío, que les reconocieran sus tierras”, dijo Félix Antonio Delgado Mendoza al ser consultado.
“EL COMANDANTE TE LAS COMPRA”
Precisamente en donde se levantaba la casa de Félix Antonio Delgado Mendoza es donde se construye el nuevo edificio de la DOEP. Sin embargo, lo que pensaba sería el final del calvario, que comenzó con el desalojo violento, fue el inicio de otro entuerto.
Bajo la promesa, supuestamente de parte de Roque Castillo de que “el comandante compraba las tierras”, Félix Antonio Delgado Mendoza fue nombrado representante legal por parte de su padre y tío para una nueva negociación con la PGR por el resto de la propiedad.
Sin embargo, la sorpresa para Félix Antonio Delgado Mendoza fue que antes de llegar a algún un acuerdo, tractores y maquinaria pesada, con el logo de Alba Construcciones, la constructora vinculada a Albanisa, empezaron a realizar trabajos de levantamiento de tierras en la propiedad que todavía estaba en negociación.
LA PRENSA fue al lugar y no se nos permitió la entrada donde se están realizando dichas obras. Sin embargo, los mismos trabajadores dijeron, bajo condición de anonimato, que aparte del edificio de la DOEP estaban construyendo un complejo de casas en donde supuestamente se alojarían funcionarios rusos y policías nicaragüenses. La misma información es la que maneja Félix Antonio Delgado Mendoza.
De acuerdo con la familia Mendoza Trujillo, finalmente las autoridades se habrían apropiado de 87 manzanas más, aparte de las 15 manzanas que les habían pagado primeramente a Félix Antonio Delgado Mendoza. Por estas tierras la familia Mendoza Trujillo no ha recibido un solo centavo, pese a que la invasión de las tierras por parte de la maquinaria de Alba Construcciones se hizo desde marzo del año pasado.
“Esto es totalmente cambiado a lo que promueve la compañera Rosario Murillo. No nos quieren dar entrada, ahí no hay pasada. A mi tío abuelo le dio un derrame. No nos pagan ni nos permiten estar en nuestras tierras. Nos mataron a nuestros animales que estaban ahí sueltos. El año pasado pudimos sacar bastantes frijoles, yucas, para vender. Ahora con costo con lo que nos dejaron sacamos unos 20 quintales de frijoles”, añade Hernán Ismael Mejía Delgado, nieto de don Manuel Delgado Trujillo.
De las 117 manzanas que tenía la familia Delgado Trujillo a comienzos del año pasado, actualmente solo pueden moverse libremente y reclamar como propias 15 manzanas.
“Estuvimos en las oficinas de Howard Roque en varias ocasiones y este siempre nos decía que nos indemnizaría por las otras 87 manzanas que nos expropiaron. Pero un día, ya no quiso recibirnos más y desde entonces hemos sido ignorados por la Procuraduría General de la República.
Hemos enviado cartas al mismo procurador Hernán Estrada, pero este no las atiende. La última vez que hablé por teléfono con Howard Roque, este me dijo que recordara que ellos mandaban y que ahí dejará el asunto. No volvió a atender una llamada mía”, dijo Félix Antonio Delgado Mendoza.
La esperanza para la familia Delgado Trujillo es que el presidente inconstitucional Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo vuelvan a ver hacia su drama, porque, una respuesta por parte del sistema gubernamental, están seguros que no la obtendrán.
Llevamos más de un año en esto y es increíble que la Procuraduría no quiere pagarnos por la propiedad, siendo la institución que es el abogado de Nicaragua”.
Félix Antonio Delgado Mendoza, representante legal de la familia Delgado Trujillo.
LAS CARTAS AL COMANDANTE
Como es usual en Nicaragua, ante la falta de respuesta de la Procuraduría y la Policía Nacional, la familia Delgado Trujillo expuso su caso ante el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Se entregaron dos cartas en su residencia en El Carmen, una el 5 de noviembre de 2015, y otra el 25 de enero del año en curso. También se apeló a la ayuda del vicepresidente Moisés Omar Halleslevens, en una carta enviada el 14 de mayo del año pasado. Ninguna de las peticiones fue atendida, pese a que la familia Delgado Trujillo reitera en sus misivas su pasado como viejos militantes de la causa sandinista.
EL CAMBIO DE EJECUTOR
El 13 de febrero del 2015, dos días después de que la Policía Nacional desalojó a la familia Delgado Trujillo, la Procuraduría General de la República publicó una fe de errata sobre el acuerdo emitido el 19 de enero del mismo año, en el cual se declara de utilidad pública el terreno en donde se levanta la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP).
La fe de errata fue para aclarar que la unidad ejecutora del proyecto no iba a ser el Ministerio de Gobernación, como se había establecido en la primera declaración pública de enero. Según la aclaración, el proyecto pertenecía a la Policía Nacional.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Expropiaciones, dado que la Policía Nacional es una dirección subordinada directamente a la Presidencia de la República, esta instancia es la que debería ser la unidad ejecutora del proyecto.
La periodista Elízabeth Romero reveló, en una nota publicada en LA PRENSA el 16 de abril del año pasado, que la Policía Nacional ya había hecho un intento de apropiarse de estos terrenos desde el 4 de octubre del 2014, pero se tuvieron que retirar ante la resistencia de las familias asentadas en el sitio.
